La Feria La Salada, considerada la más grande de Sudamérica, sigue atrapada en una encrucijada: la justicia confirmó su apertura, pero la falta de una fecha concreta deja a los feriantes en una espera angustiante. La incertidumbre persiste y los trabajadores, lejos de bajar los brazos, intensifican sus protestas en busca de una solución real. Por: Sebastián «Tecla» Farias.
Un mercado nacido de la crisis
La historia de La Salada está marcada por la economía informal y el crecimiento al ritmo de las crisis sociales. Fundada en 1992 por inmigrantes bolivianos, la feria comenzó como un espacio de comercio alternativo en Ingeniero Budge, Lomas de Zamora. Con el tiempo, se expandió hasta abarcar tres predios: Urkupiña, Ocean y Punta Mogote, con una superficie de 20 hectáreas y miles de puestos de venta.
Su crecimiento exponencial la convirtió en un estado dentro del estado, con su propia lógica comercial, reglas internas y una estructura que desafía los modelos tradicionales de mercado. Como señaló el economista Hernando de Soto, “la economía informal es la respuesta de los excluidos a un sistema que no los integra”, y La Salada es un claro ejemplo de ello.
Economía
La Feria La Salada mueve cifras impresionantes en términos de facturación, con una gran parte de su comercio operando en la informalidad. Según estimaciones, la feria genera alrededor de $71.500 millones anuales en comercio ilegal, mientras que la facturación declarada por los predios es significativamente menor. Por ejemplo, en 2016, Punta Mogote informó ventas por $100 millones, Urkupiña declaró $90 millones, y los puestos externos apenas $2 millones. Sin embargo, según declaraciones de Jorge Castillo al Financial Times, en 2015 La Salada movía aproximadamente $40.000 millones al año.
Estos números reflejan la magnitud de la economía informal en Argentina y el desafío que representa para el Estado en términos de regulación y recaudación fiscal. La evasión impositiva solo en concepto de IVA podría alcanzar los $15.000 millones anuales, lo que evidencia la dificultad de controlar un mercado que, aunque opera fuera de los márgenes legales, es una fuente de sustento para miles de familias.
El impacto de la investigación judicial
Hoy, la feria permanece cerrada en el marco de una investigación por lavado de activos, encabezada por el juez Luis Armella. La causa apunta a una red de evasión impositiva, contrabando y blanqueo de capitales, vinculada a la administración del predio.
Uno de los nombres clave en esta trama es Jorge Castillo, conocido como el “Rey de La Salada”, quien fue detenido en un megaoperativo con más de 60 allanamientos. Castillo ya había sido arrestado en 2017, cuando se resistió disparando contra la policía. Su figura representa el lado más oscuro de la feria: el control de los puestos, la extorsión a comerciantes y el manejo de una estructura paralela de poder.
La reapertura: una certeza sin fecha
A pesar del proceso judicial, la fiscal Cecilia Incardona informó que la feria sí abrirá, aunque aún no hay plazos definidos. La incertidumbre sobre cómo y cuándo se hará efectiva la medida mantiene a los feriantes en una espera angustiante (ver Feriantes de La Salada lograron ser escuchados por la fiscal y esperan definiciones sobre la reapertura).
El próximo jueves, se realizará una reunión clave con representantes del municipio, el gobierno provincial y la administración de ARCA, en la que se definirá el mecanismo de apertura. Los trabajadores advirtieron que, en su estado actual, la feria no puede abrir, por lo que se evaluará cómo garantizar condiciones adecuadas para retomar la actividad comercial.
El dilema de los feriantes
Mientras tanto, los comerciantes siguen movilizándose, exigiendo respuestas concretas. La Salada no es solo un mercado, sino un símbolo de supervivencia económica para miles de familias. Como dijo el periodista Eduardo Galeano, “la pobreza no está escrita en los astros, la pobreza se fabrica”, y en este caso, la falta de definiciones sobre la feria profundiza la crisis de quienes dependen de ella.
