Con fuertes críticas al Gobierno Nacional, el cuerpo legislativo local expresó su preocupación por el futuro del servicio. Los ediles del oficialismo local recordaron las consecuencias de los años 90 y reclamaron de manera urgente la reactivación de las obras paralizadas en ACUBA.
En una sesión ordinaria de fuerte contenido político, el Concejo Deliberante de Lanús aprobó esta tarde una ordenanza a través de la cual manifiesta su profunda preocupación y su firme rechazo al proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) que lleva adelante el Ejecutivo Nacional.
El debate en el recinto no solo se centró en la estructura jurídica de la empresa, sino en el impacto directo que el desarme operativo y las políticas oficiales están teniendo sobre el territorio local. Durante el tratamiento del proyecto, el concejal Ramón Miño tomó la palabra para defender el acceso al agua potable y al saneamiento básico en carácter de «derechos esenciales e inalienables» para la población.
El reclamo por las obras paralizadas en el distrito
Uno de los ejes más concretos planteados por el legislador comunal fue la parálisis de la obra pública y la necesidad de reactivar de manera urgente proyectos clave para el entramado social e industrial de Lanús. En ese sentido, Miño exigió la finalización de los trabajos en:
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El predio de ACUBA (Asociación de Curtidores de la Provincia de Buenos Aires).
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La Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales.
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El Parque Industrial Curtidor (PIC).
Asimismo, el edil advirtió sobre las consecuencias del actual esquema de gestión, denunciando los severos incrementos tarifarios vigentes, los planes de reducción de personal en la empresa estatal y el progresivo deterioro en la calidad de la atención diaria a los usuarios del distrito.
El fantasma de los años 90
Por su parte, el concejal Daniel Dragoni aportó una mirada histórica al debate y trazó un paralelismo con las reformas estructurales del pasado. El edil recordó los perjuicios institucionales, comunitarios y ambientales que sufrió la región durante la década de 1990, cuando el servicio de agua y saneamiento quedó privatizado en manos de la firma Aguas Argentinas.
«Hay que tener memoria sobre las consecuencias que tuvieron aquellas experiencias para la población y para el ambiente; el agua es un derecho humano y no una mercancía para el mercado», fundamentaron desde los bloques que impulsaron la normativa.
Hacia el cierre de la jornada, las distintas agrupaciones vecinales, organizaciones sociales y colectivos ambientales que vienen articulando la campaña territorial en defensa del carácter público de AySA celebraron y agradecieron el pronunciamiento del Concejo Deliberante lanusense, destacándolo como un respaldo institucional clave para blindar el acceso a los servicios esenciales de la comunidad.
