Según datos de las Naciones Unidas en el Mundo hay más de 1000 millones de personas que viven con alguna forma de discapacidad y se prevé un aumento en los próximos años. En nuestro país se calcula -ya que en el último Censo no se tuvo en cuenta la perspectiva de discapacidad- en aproximadamente 6 millones, de los cuales solo un millón y medio cuentan con Certificado Único de Discapacidad, siendo este un documento de trascendental importancia, ya que es el que les da acceso a los derechos que les asiste.
Una columna de opinión por parte de Fabio Abraham, analista político, Exsecretario de Gobierno, Exconcejal de Lomas de Zamora y dirigente del radicalismo.
Para lograr que todas las Personas con discapacidad cuenten con éste documento, es indispensable crear una mayor cantidad de Juntas Evaluadoras para desburocratizar el trámite y que todos aquellos que tengan alguna discapacidad puedan acceder fácilmente a ejercer sus derechos.
En el año 2006 las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, siendo éste el primer tratado de DDHH de este siglo. Nuestro país adhirió a dicho Tratado mediante la ley 26378 con jerarquía constitucional según ley 27044.
Desde que entró en vigencia la Convención, la atención fue puesta en combatir la discriminación y promover el respeto y la dignidad inherente de las Personas con Discapacidad.
En nuestro país, el órgano de gobierno que rige lo concerniente a la materia, es la Agencia Nacional de Discapacidad, dependiente de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.
Actualmente la legislación vigente en nuestro país, es el «Sistema de protección integral de los discapacitados», decreto/ley 22431, que fuera sancionada por la dictadura militar en 1981, que está cuestionada por las Naciones Unidas, que solicita una armonización de la legislación vigente y que dicha armonización contemple el articulado (50 artículos) de la Convención y su protocolo facultativo.
Es imprescindible la aprobación de una nueva ley que elimine barreras para una buena integración con toda la comunidad y se universalicen todos sus derechos. El comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dependiente de las Naciones Unidas, que está compuesto por expertos independientes, supervisan a los miembros firmantes (Países), que están obligados a presentar informes periódicamente ante dicho Comité que, como dijimos, promueve recomendaciones a los organismos gubernamentales.
Además las organizaciones no gubernamentales elaboran el denominado «informe sombra» que tambien es presentado ante dicho comité de las Naciones Unidas, denunciando la falta de cumplimiento a lo establecido en la Convención.
Este año, el Comité que se reunió en Ginebra, teniendo en cuenta los informes del gobierno, como los del referido informe sombra, hizo varias recomendaciones, donde queda de manifiesto la vulnerabilidad de las Personas con Discapacidad en nuestro país.
En el informe elaborado por la Comisión, hay una recomendación que trae discrepancia. Se trata del referido a la ley 26816 del Régimen Federal de Empleo Protegido, ya que recomienda al Estado su derogación y promover las adecuaciones necesarias, para que las personas con Discapacidad se incorporen al trabajo abierto, público o privado, con igual remuneración por un trabajo de igual valor, en el entorno laboral inclusivo, medida que, seguramente es muy buena, pero en Argentina, teniendo en cuenta nuestra idiosincrasia, situación económica, etc. habrá de generar el efecto contrario.
La Federación de Talleres Protegidos expresó su preocupación ante tal recomendación, teniendo en cuenta que se pierden Derechos adquiridos, luego de muchos años de dura lucha, tales como el acceso a una jubilación y el Seguro de Riesgo de Trabajo entre otros.
La escasa inclusión laboral del cupo del 4% para las Personas con Discapacidad en el sector público y empresas privadas concesionarias de Servicios Públicos (Ley 22431), la falta de accesibilidad física y comunicacional y de ajustes razonables y apoyos para las
Personas con Discapacidad en ambientes laborales del sector público y privado, mas la escasa o nula formación para el mundo laboral actual y los altos niveles de desempleo vigentes en nuestro país, hacen un combo que va a perjudicar a las Personas con Discapacidad que actualmente se desempeñan en los Talleres Protegidos.
Por otra parte, ésta semana, en la ciudad de Ushuaia se realizó la 94° Asamblea del Consejo Federal Discapacidad (COFEDIS), teniendo como eje central la Educación Inclusiva.
Sobre este tema en particular, también el Comité realizó una larga serie de recomendaciones que fueron materia de discusión en dicho Consejo Federal (COFEDIS).
Es de suma importancia que la UCR exprese una postura consistente, respecto a una Política de Estado que aborde con firmeza los Derechos de las Personas con Discapacidad expresados en la Convención y en nuestra propia legislación.
*Colaboración de equipo interdisciplinario de Movilización Partidaria
fabioabraham@hotmail.com.ar
Excelente perspectiva la aportada porel Sr. Fabio Abraham