En defensa de la Ley Provincial Nº 12.573 y del desarrollo equilibrado del territorio bonaerense. Las entidades empresarias advierten sobre los riesgos de derogar esta Ley.
Las entidades representativas de la producción, la industria, el comercio y los servicios de la provincia de Buenos Aires —Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA) y Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA)— expresaron su profunda preocupación ante la presentación de los proyectos que proponen la derogación de la Ley Provincial Nº 12.573. Esta norma, sancionada en el año 2000, constituye una de las principales herramientas de planificación comercial y ordenamiento territorial en el territorio bonaerense.
Los riesgos de eliminar una herramienta clave para el equilibrio territorial
“Consideramos que la discusión sobre el futuro de esta legislación debe abordarse con una visión integral, contemplando no sólo los intereses de los grandes operadores comerciales sino también el impacto que las decisiones legislativas generan sobre el entramado productivo, industrial, comercial, social y urbano de las comunidades bonaerenses”, señalaron desde las entidades en un comunicado conjunto.
La Ley 12.573 fue concebida para garantizar que la instalación, ampliación o modificación de grandes superficies comerciales sea evaluada considerando sus efectos sobre el desarrollo económico local, la estructura urbana, la movilidad y el empleo. “Lejos de constituir una barrera a las inversiones, la normativa establece criterios de análisis que permiten compatibilizar el crecimiento económico con el equilibrio territorial y la protección de la actividad productiva existente”, afirmaron desde el sector empresario.
Qué establece la Ley 12.573: El corazón de la norma en disputa
Para entender el alcance del reclamo de las PyMEs, cabe recordar los puntos centrales de la legislación que regula la actividad de hipermercados, mayoristas minoristas y cadenas de distribución:
Clasificación por población: Define como «Gran Superficie» a los comercios que superan los 500 m² en municipios de hasta 50.000 habitantes; los 900 m² en distritos de entre 50.000 y 300.000 habitantes; y los 1.800 m² en ciudades de más de 300.000 habitantes.
Límite a las Cadenas: Restringe la cantidad de sucursales que un mismo grupo económico puede abrir por municipio (un máximo de 1 a 3 locales según la cantidad de población) para evitar la concentración monopólica.
Certificado de Factibilidad Provincial: Exige de forma obligatoria un estudio técnico socioeconómico y ambiental —realizado por una Universidad Nacional radicada en la Provincia— antes de que el Municipio pueda otorgar la habilitación definitiva.
Ubicación periférica: Prohíbe la instalación de establecimientos gigantescos (que dupliquen los límites básicos) dentro de las áreas estrictamente urbanas o semiurbanas.
El debate legislativo: Los argumentos a favor de la derogación
La iniciativa para eliminar la norma cobró fuerza en la Legislatura bonaerense impulsada por los bloques de La Libertad Avanza. Quienes defienden la derogación sostienen que la ley actual quedó obsoleta en la era del comercio electrónico y funciona como un «freno burocrático» para el desarrollo provincial.
Entre los principales fundamentos de los proyectos oficialistas se destacan:
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Atracción de inversiones y empleo: Estiman que liberar las restricciones y agilizar los trámites podría movilizar inversiones privadas por miles de millones de dólares en infraestructura comercial y logística, generando miles de puestos de trabajo directos e indirectos.
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Autonomía municipal y desregulación: Califican a la norma de «intervencionismo estatal irracional» y argumentan que avasalla las facultades de las intendencias, al impedirles otorgar habilitaciones de forma independiente si la Provincia no da el visto bueno primero.
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Beneficio al consumidor: Aseguran que la falta de competencia de grandes cadenas en ciertas localidades del interior o de la periferia bonaerense termina encareciendo los precios para el consumidor final.
El impacto en el comercio de cercanía
Por el contrario, los comercios de proximidad, las PyMEs y las industrias locales advierten que la desregulación total desprotegería al eslabón más débil de la cadena. Desde el sector empresarial sostienen que la convivencia entre distintos formatos comerciales requiere reglas claras que eviten procesos de concentración que terminen fagocitando al comercio de barrio.
La eventual derogación de la Ley 12.573 podría debilitar las herramientas de control con las que cuentan los municipios y la Provincia para evaluar los impactos económicos, sociales y urbanísticos, generando consecuencias que exceden el ámbito estrictamente comercial.
Un llamado al diálogo antes de modificar las reglas de juego
“Desde FEBA, UIPBA, CEPBA y ADIBA consideramos necesario preservar los principios que dieron origen a esta legislación y promover un debate amplio, técnico y participativo que involucre a todos los sectores afectados antes de avanzar con modificaciones que puedan alterar significativamente el equilibrio económico territorial de la Provincia”, expresaron.
Finalmente, concluyeron que la provincia de Buenos Aires necesita más inversión y desarrollo, pero manteniendo la diversidad de su tejido productivo, industrial y comercial, «porque allí radica una de sus principales fortalezas económicas y sociales».
