Hoy la zona rural de San Vicente y algunos barrios privados del corredor de la ruta 58 nuevamente amanecieron con problemas en el suministro eléctrico.
Por: Jorge Zatloukal, ex candidato a Intendente y primer Concejal por el distrito de San Vicente.
El problema no es nuevo es de hace décadas. San Vicente es el municipio con mayor crecimiento de población del país pero la infraestructura de transmisión eléctrica no se actualiza. No se invierte.
El año pasado el Ente regulador eléctrico ENRE, ante incumplimientos en la calidad de la prestación del servicio, aprobó un Reglamento de Valorización de Sanciones, que regirá durante el próximo período tarifario 2025–2030.
La medida fue aprobada por la Resolución 808/2025, publicada en el Boletín Oficial, y según su texto marca criterios duros, estrictos y predecibles para la aplicación de multas, con el objetivo de incentivar la inversión y la mejora en la prestación del servicio público.
La meta era estandarizar el cálculo de las sanciones, mediante parámetros uniformes y razonables según el tipo de incumplimiento, lo que aporta previsibilidad a la aplicación de penalidades y resulta clave para el correcto funcionamiento de la regulación del sector eléctrico.
Sin embargo todo esto choca con un escándalo: hace dos días el Congreso condonó una deuda de US$ 1.800 millones a Edenor y Edesur mientras suben tarifas y empeora el servicio; la bochornosa ley fue aprobada por el oficialismo y sus aliados del radicales y del PRO.
Este tipo de acciones no hacen más que premiar la ineficiencia, de estos monopolios inconstitucionales. No se puede entender por qué no se desregula la actividad de distribución eléctrica, para incorporar competencia.
En el caso de San Vicente (cómo en gran parte del conurbano) sucede lo mismo con las empresas de datos con Telecentro a la cabeza, que en muchos casos y aprovechando su posición de único proveedor no respetan los derechos de los clientes.
La pregunta sigue siendo ¿quién protege a los usuarios?
