El vecino de Monte Grande y presidente de la filial local del CEPIS de Esteban Echeverría denunció que la firma Cresta Roja genera olores insoportables que afectan a cientos de miles de vecinos. Le solicitó al intendente Fernando Gray aplique las ordenanzas vigentes para clausurar el sector de procesamiento de desechos sin poner en riesgo las fuentes de trabajo. Advierten que la planta opera sin los filtros adecuados e incumplió compromisos desde 2022.
Una grave situación socioambiental tiene en vilo a miles de familias de Esteban Echeverría. El hedor insoportable e irritante generado por un sector específico del frigorífico Cresta Roja no solo imposibilita la vida cotidiana en múltiples barrios del distrito, sino que ya provoca cuadros respiratorios y de piel en la población, incluyendo a niños en edad escolar. En diálogo con el programa Sin Retorno Streaming, el presidente del CEPIS, Alejandro Cruz, alzó la voz para exigir respuestas urgentes y poner el foco en la responsabilidad del Ejecutivo municipal.
«Este olor nauseabundo viene afectando desde hace varios años, y tiene impacto en barrios como La Campana, Mirasoles, San Ignacio, La Morita, Monte Grande, Luis Guillón e inclusive Canning y el aeropuerto de Ezeiza, tenemos testimonios de trabajadores de allí que lo manifiestan», advirtió Cruz sobre la magnitud del alcance del problema.
El dirigente vecinal dejó en claro que la discusión no contrapone el trabajo con la industria, sino la falta de inversión tecnológica mínima para mitigar el impacto ambiental. Cruz aclaró que no se pide el cierre del frigorífico, sino la interrupción del área que procesa los desperdicios. «Lo que se plantea es que solo se cierre el sector donde se cocinan las plumas podridas, las tripas y la sangre. Esto no puede seguir funcionando en un casco urbano», remarcó.
Respecto del impacto laboral, precisó: «En ese lugar trabajan aproximadamente 20 personas, de un total de 500 que trabajan en la fábrica Cresta Roja, que fabrica la harina para alimento balanceado. Esos empleados deberían ser reubicados en otras áreas y que el frigorífico continúe operando».
Al mismo tiempo advirtió que «esa empresa está trabajando sin los filtros adecuados. No los tienen. La empresa desde 2022 no cumplió ninguno de los acuerdos a los que se comprometió de comprar los filtros. Siempre va ganando tiempo y especula con despedir gente».
El rol del intendente
El reclamo de los vecinos del barrio San Ignacio (ubicado frente a la planta), y que acompañó Cruz, apuntan directamente al rol de contralor que debe ejercer la administración local encabeza por Fernando Gray, existiendo ya herramientas normativas para intervenir de forma inmediata.
«Hay dos denuncias que entraron esta semana a la Municipalidad de Esteban Echeverría, dirigidas al intendente Fernando Gray para que tome cartas en el asunto. Una es del barrio Mirasoles de Monte Grande, a cargo de Loenel Litvak (presidente de la Asociación de Vecinos del barrio Mirasoles), y la otra del barrio San Ignacio. La municipalidad tiene una responsabilidad primaria, porque tiene una ordenanza municipal que la facultó para que pudiera multar a la empresa. Además, esa misma ordenanza le permite poder clausurar y cerrar el área que genera este olor nauseabundo e irritante», sostuvo el referente político.
En ese marco, enfatizó que la inacción estatal no es neutral: «Cuando hay una fábrica que afecta a miles de vecinos de Esteban Echeverría, el costo político es no hacer cumplir la ley y que no se cierre ese sector. Tenemos hoy una fábrica instalada en Esteban Echeverría que no podría estar funcionando en ningún parque industrial de la Argentina, porque vulnera todos los estándares de protección de la calidad de vida, medio ambiente y también de sus propios trabajadores».
Alejandro Cruz denunció que la situación ha degenerado en complejos problemas asmáticos, bronquiales y dermatitis. Y advirtió que varios jardines de infantes y primaria se han obligado a suspender los recreos al aire libre por el insoportable olor. Tal cual fueron denunciados en 2019 por los directivos de los establecimientos educativos».
Cómo sigue
Ante la falta de respuestas definitivas, más allá de la intervención de los organismos de control nacionales, provinciales y municipales, Cruz adelantó que la comunidad continuará ejerciendo presión en las calles, juntadas de firmas y reuniones con funcionarios para obtener respuestas favorables al conflicto.
«Vamos a seguir juntando firmas para que la intendencia se dé cuenta de que tomar decisiones a favor de la salud pública y la calidad de vida de la gente no va en contramano del desarrollo industrial. La ciudadanía de Esteban Echeverría demanda justicia, que se cumpla lo establecido y las normas para que esa empresa no le altere, para mal, la vida a centenares de miles de personas», concluyó Alejandro Cruz.
