Explosión en Escalada: “Haber controlado los papeles no exime a nadie por los daños”, advirtió el abogado Eugenio Martí Carrocera

Imagen: Dalton Noyola.

A raíz del trágico estallido en la vía pública, el abogado especialista Dr. Eugenio Martí Carrocera detalla el alcance de la responsabilidad civil y laboral de MetroGAS y la contratista, el valor de los peritajes, las vías de reclamo para comerciantes y vecinos, y los recaudos urgentes para preservar pruebas antes de la remoción de escombros.

Las esquirlas jurídicas, económicas y humanas del violento estallido registrado en Remedios de Escalada —un siniestro que involucró obras en la red de gas, la rotura de una cañería, una dramática franja horaria de demora y consecuencias fatales junto a destrozos generalizados— abren un complejo abanico de responsabilidades legales. Para dimensionar el impacto procesal, civil y laboral de la tragedia, el prestigioso letrado Dr. Eugenio Martí Carrocera (del estudio Carrocera Navascués Martí) analizó en profundidad las aristas normativas que regirán los futuros expedientes judiciales.

A continuación, los ejes centrales del análisis técnico sobre la tragedia, el rol de la distribuidora, las herramientas de los damnificados y las precauciones indispensables para evitar la indefensión.

Responsabilidad objetiva y solidaridad: el peso de la actividad riesgosa

Frente a las víctimas, la responsabilidad no se reparte en fracciones proporcionales: cada responsable puede ser obligado judicialmente a pagar el total de la indemnización.

El Código Civil y Comercial establece que quien realiza una actividad riesgosa, quien se sirve de ella, quien obtiene provecho económico (por sí o por terceros), así como el dueño y el guardián de la cosa que causó el daño, responden de manera directa. En el caso de Remedios de Escalada, esto alcanza de lleno a la empresa contratista que operaba la maquinaria en la vía pública y a MetroGAS, titular de la red y beneficiaria directa de la obra.

Se trata de un régimen de responsabilidad objetiva, lo que significa que el damnificado no tiene la carga probatoria de demostrar la culpa empresaria.

«El Código distingue entre obligaciones solidarias y concurrentes según si el daño tiene una causa única o varias. Para el vecino, el herido o la familia de la persona fallecida, el efecto práctico es el mismo: puede reclamar el cien por ciento a cualquiera de los responsables. Cuánto pone cada empresa se discute después entre ellas, y el contrato que firmaron no es oponible a las víctimas», explicó Martí Carrocera.

Asimismo, la distribuidora no puede desligarse de la contingencia argumentando que el daño fue provocado exclusivamente por su contratista, ya que jurídicamente no es considerada un tercero ajeno, sino un instrumento del cual se sirvió para ejecutar los trabajos.

El rol del ente regulador, el factor tiempo y la odorización

Si bien la responsabilidad patrimonial de la distribuidora hacia los afectados es objetiva por el riesgo creado, la actuación de los organismos de control y las posibles fallas operativas agravan severamente su situación en múltiples planos.

  • Blindaje contra defensas: Inutiliza cualquier intento de la firma de calificar el hecho como un «caso fortuito» o un evento imprevisible.

  • Daños punitivos: Abre el camino procesal para reclamar sanciones pecuniarias punitivas a favor de los usuarios del servicio público.

  • Impacto penal y administrativo: Pesa de forma directa en la causa represiva y en las multas del ente regulador.

Frente al debate sobre si el gas contaba con la carga reglamentaria de odorización, el especialista advierte que diversos testimonios de vecinos confirmaron la presencia de un fuerte olor a gas previo al estallido, lo que sugeriría que el aditivo químico cumplió su función de alerta temprana.

En este contexto, Martí Carrocera señala que el interrogante jurídico central para la Justicia pasará por qué se hizo durante la hora y ocho minutos transcurridos entre la rotura del caño y la detonación: cuándo se dio el alerta, si se interrumpió el suministro de forma inmediata y si se ejecutaron protocolos de evacuación de la zona. Una demora en la respuesta operativa constituiría una falta propia e inexcusable de la distribuidora, al margen de las acciones de la contratista.

Daños materiales, lucro cesante y la disyuntiva de las acciones colectivas

Los frentistas, propietarios y comerciantes damnificados cuentan con herramientas específicas para recomponer su patrimonio a través de la vía civil:

  • Daño emergente: Reparación o reconstrucción total del inmueble afectado, reposición de mercaderías perdidas, recomposición de instalaciones y mobiliario, y cobertura de gastos de alojamiento temporal mientras las viviendas no sean habitables.

  • Lucro cesante y pérdida de chance: Resarcimiento por las ganancias netas que el comercio dejó de percibir durante el cierre forzoso, además de la frustración de contratos o clientela consolidada.

  • Daño moral y psicológico: Compensación por el profundo impacto emocional, el trauma y la angustia derivados de vivir el siniestro.

En cuanto a la estrategia procesal, el abogado aclaró que conviene priorizar las acciones individuales o demandas conjuntas de frentistas con representación unificada. Cada damnificado sufre perjuicios heterogéneos y debe acreditarlos de forma particular. Las acciones colectivas —impulsadas habitualmente por asociaciones de consumidores o defensorías— se reservan para cuestiones macro y comunes (como la declaración general de responsabilidad o medidas sobre la continuidad y seguridad del servicio), pero jamás reemplazan la prueba del daño individual de cada vecino.

Cobertura de ART versus demanda civil integral

El siniestro también expone la divergencia normativa entre el fuero laboral y el derecho civil en relación con los operarios de la cuadrilla y los trabajadores de comercios linderos que sufrieron lesiones:

  • El alcance de la ART: Cubre de forma ágil la atención médica, farmacológica, rehabilitación, provisión de prótesis, salarios caídos durante la incapacidad temporal y una indemnización tasada por ley en caso de incapacidad permanente o fallecimiento. Sin embargo, posee topes económicos estrictos y no repara integralmente el perjuicio.

  • Acciones de terceros: El empleado de un comercio lindero herido cuenta con la cobertura de la ART de su propio empleador, pero conserva el derecho expedito a entablar una demanda civil integral contra la contratista y contra MetroGAS en calidad de terceros civilmente responsables.

  • La situación de la cuadrilla: Los operarios propios de la contratista también pueden accionar contra la distribuidora. Frente a su empleador directo, la vía civil exige optar por dicha alternativa renunciando a la tarifa tarifada de la ART, una decisión que debe ponderarse rigurosamente caso por caso. El incumplimiento de las normativas de higiene y seguridad en la obra robustece sustancialmente la posición reclamante.

Tercerización y el «deber de vigilancia»

Uno de los ejes más sensibles del debate gira en torno a los límites de la subcontratación en servicios públicos esenciales. Según el especialista, tercerizar la ejecución de una obra jamás traslada el riesgo operativo.

Cuando una empresa prestataria de servicios públicos encarga labores sobre su propia infraestructura en la vía pública manipulando un fluido altamente peligroso, su deber de vigilancia es calificado e intenso. La prestataria tiene la obligación legal ineludible de conocer la traza exacta de sus cañerías, transmitir esos planos y especificaciones a la contratista, exigir un plan riguroso de seguridad, fiscalizar su cumplimiento efectivo y sostener un protocolo de reacción inmediata ante roturas accidentales.

«En el plano laboral, la legislación reciente otorga a la empresa principal defensas frente a deudas laborales de la contratista si demuestra que fiscalizó el registro de empleados, los aportes y la cobertura de la ART. Pero ese control estrictamente administrativo no tiene vinculación alguna con la seguridad física de una obra en la calle. Haber controlado los papeles no exime a nadie por los daños de una explosión», sentenció Martí Carrocera.

El valor procesal de los peritajes y cómo resguardar la prueba

Ante el anuncio de peritajes oficiales de oficio por parte del ente regulador —supeditados a la remoción de escombros—, el abogado advierte sobre las limitaciones procesales de estas medidas: operan inicialmente como prueba documental o informativa, quedando sujeta a la libre valoración judicial y a posibles impugnaciones de parte, sin equipararse al rigor de una pericia judicial formal.

Para no quedar a merced de informes administrativos, los damnificados disponen de mecanismos vitales:

  1. Constituirse como particular damnificado en la causa penal en trámite, lo que habilita el control directo sobre las medidas periciales ordenadas por la fiscalía y la facultad de proponer peritos de parte.

  2. Solicitar medidas de prueba anticipada en el fuero civil ante el riesgo inminente de alteración o desaparición de los vestigios materiales.

  3. Preservar registros clave: Requerir formalmente copias de bitácoras de llamadas de emergencia, tiempos de respuesta operativa, planos de traza de red y partes diarios de obra.

Guía práctica y recomendaciones urgentes para los afectados

Los especialistas recomiendan actuar con celeridad metódica antes de que el terreno sea modificado por las tareas de limpieza y desescombro:

  • Documentación primaria: Obtener fotografías y videos fechados de los daños estructurales y materiales, resguardando los archivos originales en soporte digital. De ser factible, procurar la confección de un acta notarial de constatación con un escribano público sobre el estado del inmueble o local comercial.

  • Testigos: Recolectar datos fehacientes de contacto de vecinos y transeúntes que hayan presenciado los hechos previos al estallido.

  • Historia clínica y gastos: Reunir certificados médicos, recetas, comprobantes de traslados, internaciones y gastos de alojamiento alternativo.

  • Lucro cesante comercial: Acopiar libros contables, talonarios de facturación, declaraciones juradas impositivas y registros de ventas de los meses anteriores para respaldar fehacientemente el perjuicio económico.

  • Seguros: Denunciar formalmente el siniestro ante las compañías aseguradoras (hogar o comercio) dentro del plazo legal estricto de tres días desde el conocimiento del hecho.

  • Cuidado con las contrapartes: Evitar firmar actas transaccionales, formularios de «asistencia» o recibos expedidos por enviados de las empresas sin un asesoramiento jurídico previo que garantice que no se está renunciando a derechos indemnizatorios sustanciales.

Cabe recordar que el plazo general de prescripción liberatoria para interponer demandas por daños y perjuicios es de tres años, por lo que el verdadero margen de urgencia actual no radica en el inicio judicial precipitado, sino en la férrea e inmediata preservación de las pruebas materiales en el territorio.

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