
En un encuentro en la vía pública con vecinos y en declaraciones radiales esta mañana, el intendente de Lanús, Julián Álvarez, reconstruyó la cronología de la fuga previa al estallido, denunció ocultamiento por parte de la empresa para evitar multas, desmintió la demolición del edificio lindero y detalló un paquete de subsidios y exenciones impositivas para los damnificados.
Tras la trágica explosión registrada en Remedios de Escalada, el intendente de Lanús, Julián Álvarez, fijó la postura oficial del Ejecutivo local frente a los vecinos damnificados en el lugar del siniestro y amplió los detalles esta mañana en diálogo con Radio Con Vos (FM 89.9). En ambas instancias, el jefe comunal responsabilizó directamente a MetroGAS y a su firma contratista por la rotura de un caño de mediana presión, confirmó el saldo de víctimas —un trabajador fallecido y cinco operarios internados con quemaduras graves— y anunció acciones judiciales junto con medidas de asistencia financiera.
Denuncia por ocultamiento y cronología de la fuga
Álvarez sostuvo que la clave de la gravedad del episodio radica en que la empresa tercerizada decidió manejar el incidente de manera interna en lugar de alertar a Defensa Civil, al 911 o a los Bomberos para activar el protocolo de evacuación, con el presunto objetivo de evitar sanciones económicas.
«En vez de informar la emergencia a Defensa Civil, al 911, a los bomberos o a cualquiera del Municipio, informaron internamente. ¿Con qué objetivo? Para nosotros, un objetivo muy claro: que nosotros no los multemos por la obra que estaban realizando», denunció el mandatario ante los vecinos.
A partir de los reportes comunales, los testimonios del barrio y lo reconocido por voceros de la propia distribuidora, el intendente reconstruyó la secuencia previa y posterior al estallido, calificando el accionar de la empresa como una grave «impericia»:
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Desde las 9:00 hs – Primeros reportes vecinales: De acuerdo con los testimonios recogidos en la zona, el olor a gas ya era «insoportable» desde primera hora de la mañana, ubicando el momento real de la rotura al menos media hora antes del registro oficial de la empresa.
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9:44 hs – Aviso interno de la contratista: La firma tercerizada comunicó a la sede central del servicio de emergencias de MetroGAS que había dañado un caño de mediana presión que no figuraba en los planos (dato corroborado por el Municipio al revisar la planimetría presentada).
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Entre las 10:26 y las 11:10 hs – Alerta y explosión: Tras los primeros llamados de vecinos a la comuna por olor a gas a las 10:26, personal municipal se acercó al lugar, donde las cuadrillas aseguraron tener la situación controlada. Cerca de las 11:10 se produjo la explosión y recién en esa instancia el Ejecutivo local recibió la alerta formal del siniestro.
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Operativo posterior hasta la madrugada: Álvarez relató que, tras el estallido, los operarios no podían cortar el suministro porque desconocían la ubicación exacta de la traza: «Se pusieron a hacer pozos en todo alrededor hasta que identificaron, aproximadamente tres o cuatro horas después, cuál era el caño. Trajeron máquinas para intentar obturarlo, se rompió la máquina y recién a las dos de la mañana pudieron cortar con la fuga de gas».
Rol del Municipio, entes reguladores y presentación judicial
Frente a los reclamos sobre la fiscalización de los trabajos de reemplazo de antiguos caños de hierro por conductos de polietileno —iniciados en febrero, junio y agosto en distintos puntos de Lanús—, Álvarez delimitó las competencias legales y confirmó que la comuna acudirá a la Justicia penal.
«Nos vamos a presentar como querellantes para identificar claramente las responsabilidades», afirmó el jefe comunal en la entrevista radial.
En esa línea, explicó que el Municipio únicamente autoriza las excavaciones en la vía pública, pero carece de facultades técnicas para auditar las instalaciones: «Nosotros no tenemos control de soldadura de caños ni del trabajo concreto especialista del servicio, ni de luz ni de gas, que tiene un ente regulador que era Enargas o ENRE y ahora se fusionó en algo que se llama ENRGE, que no tiene autoridades desde junio aproximadamente. No tenemos facultades ni especialistas, y no lo tenemos que tener, para controlar si el caño es correcto o no es correcto».
Impacto urbano y desmentida sobre la demolición
Respecto a los daños materiales, el intendente precisó que cuatro familias perdieron la totalidad de sus viviendas tras el colapso de un PH que «voló por el aire», mientras que el centro comercial del barrio permanece cerrado y los residentes del edificio situado frente al foco de la explosión continúan evacuados.
No obstante, Álvarez descartó de plano las versiones sobre un posible derrumbe programado de esa torre: «Ayer hubo versiones de que ese edificio se tenía que demoler; no es cierto. Nosotros vamos a trabajar también en la reconstrucción de los departamentos». Asimismo, aclaró que el Ejecutivo aguarda la finalización de los peritajes de Bomberos para proceder a la remoción de escombros y rehabilitar la actividad comercial.
Paquete de asistencia económica y alivio impositivo
Para contener a los trabajadores, comerciantes y familias afectadas por la paralización de la zona y la pérdida de sus hogares, la gestión local puso en marcha un esquema de ayuda en tres niveles:
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Subsidios directos: El Municipio otorgará una asistencia económica extraordinaria e inmediata destinada a garantizar la subsistencia y cubrir el pago de salarios a fin de mes de los empleados y comerciantes que perdieron su fuente de ingresos, además de costear alquileres temporales para las familias evacuadas.
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Exención de tasas municipales: Se aplicará una condonación de tasas locales para los vecinos y comercios comprendidos en el radio del siniestro.
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Reclamo ante Provincia y Nación: Álvarez anunció el envío de un proyecto de ley a la Legislatura bonaerense para eximir de impuestos provinciales y patentes a los damnificados, y solicitó que el Estado Nacional adopte una medida tributaria equivalente para acompañar la recuperación del barrio.


































