Un colectivo de exempleados despedidos de Garbarino y Compumundo emitió un duro comunicado dirigido a la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y al Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), exigiendo patrocinio legal urgente y representación gremial efectiva frente a los procesos judiciales en marcha tras el colapso de la firma mercantil.
El reclamo, firmado en representación del grupo por Gabriel Yapura, visibiliza la crítica situación de aproximadamente 4.000 trabajadores que fueron desvinculados sin percibir indemnizaciones, tras atravesar períodos de hasta nueve meses sin cobro de haberes ni aguinaldos.
Los ejes centrales de la demanda judicial y gremial
Los trabajadores organizados argumentan que el sindicato debe hacer cumplir el Artículo 31 de la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, el cual establece la obligación de representar a la base de afiliados que aportaron durante años a la cuota sindical y a la obra social OSECAC.
Entre los puntos más urgentes presentados en el documento se destacan:
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Verificación de créditos en las quiebras: Ante los procesos tramitados en el Juzgado Comercial N° 7 (Expte 19.121/2021 para Garbarino S.A. y Expte 17.020/2021 para Compumundo), solicitan la intermediación legal del gremio para verificar los créditos laborales y hacer valer el privilegio que concede la ley en el remate de los bienes restantes.
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Plazo límite en el Concurso Preventivo de Carlos Rosales: En el marco del Expte 21876/2023 del Juzgado Comercial N° 2 (Secretaría 4), advierten que el 15 de diciembre de 2026 vence el plazo para ingresar como acreedores. Denuncian que afrontar honorarios de abogados particulares de forma individual resulta inviable para la mayoría.
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Impugnación de maniobras de vaciamiento: Señalan que la conducción del exdueño de la firma intentó interponer un pedido de «pronto pago» a título personal en la quiebra. Los damnificados sostienen que se requiere el peso jurídico del cuerpo de abogados de FAECyS para frenar dicha presentación.
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Denuncia por deuda previsional: Según el denominado Informe Stolkiner 2026, la deuda en materia de aportes no depositados en ANSES asciende a $30.208 millones entre los períodos 2020 y 2024. Encuadran esta retención indebida como un delito y exigen presentaciones conjuntas ante la Agencia de Recaudación y Control Auanero (ARCA) y la ANSES.
Exigencias a la conducción sindical
El petitorio remitido a Armando Cavalieri y a la Comisión Directiva del SEC sintetiza las siguientes medidas de acción inmediata:
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Representación jurídica inmediata: Intervención directa del Departamento de Legales del sindicato en ambos expedientes comerciales.
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Confección de verificaciones masivas: Elaboración y presentación colectiva de las verificaciones de crédito, certificados de afiliación, categorías y escalas salariales para la totalidad de los afectados.
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Freno judicial al vaciamiento: Impugnación formal de las pretensiones de cobro del empresario en la causa.
Desde el grupo Trabajadores de Garbarino en Lucha remarcan que la representación colectiva por vía sindical no solo evitaría los costos de abogados particulares, sino que garantizaría la defensa unificada del privilegio laboral para el cobro de las deudas pendientes.