El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por Juan Martín Mena, junto al Ministerio de Seguridad, liderado por Javier Alonso, presentaron una denuncia formal ante la Procuración General bonaerense. El objetivo es identificar a los responsables de organizar e instigar la ola de amenazas que afectó a más de 600 establecimientos educativos en los últimos días.
La presentación, impulsada también por el subsecretario de Política Criminal, Lisandro Pellegrini, busca ir más allá de las causas individuales que ya tramitan en distintos Departamentos Judiciales. Según explicaron los funcionarios, la intención es dilucidar si existe una estructura delictiva organizada o un esquema que sustente estos hechos que mantienen en vilo a las comunidades escolares de toda la provincia.
El «Efecto Santa Fe» como punto de inflexión
La denuncia encuadra esta problemática desde una perspectiva de niñez y señala un hito trágico como detonante: el ataque en la escuela Nº 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe, ocurrido el pasado 30 de marzo.
A partir de ese evento, las autoridades detectaron un crecimiento exponencial de amenazas tanto en territorio bonaerense como en el resto del país. Con esta medida, el Ejecutivo provincial busca desarticular la matriz de estas intimidaciones que, bajo un esquema organizado o de «espontaneidad fragmentaria», han escalado hasta afectar el normal funcionamiento del ciclo lectivo.
