Las motocicletas caídas sobre el asfalto y sus conductores a la espera de asistencia médica se han convertido en una postal cotidiana en las calles argentinas. Un reciente informe de la asociación civil Luchemos por la Vida encendió las alarmas sobre el impacto del crecimiento del servicio de reparto por aplicaciones en la seguridad vial nacional.
Según los datos difundidos por la entidad, los ocupantes de motocicletas y ciclomotores representaron el 47% de las víctimas mortales por siniestros de tránsito en el país durante 2025, con picos que alcanzan el 60% en algunas provincias. La cifra refleja un aumento sostenido respecto al 2012, año en que este sector constituía el 34% de los fallecidos.
Esta tendencia coincide con la proliferación de repartidores vinculados a plataformas digitales, una actividad laboral de rápido acceso pero expuesta a altos niveles de peligro. Para analizar las causas de esta problemática, Luchemos por la Vida realizó un estudio de observación y entrevistas en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.
Infracciones frecuentes y percepción del peligro
Entre las conductas de riesgo más habituales registradas durante la investigación se destacan:
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Circulación sin casco de protección.
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Filtrado constante entre vehículos en movimiento.
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Inobservancia de la prioridad peatonal y el semáforo rojo.
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Exceso de velocidad en esquinas no semaforizadas y omisión de luces de giro.
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Uso del teléfono celular mientras se maneja.
A pesar de estas infracciones, el 90% de los repartidores consultados consideró «probable o muy probable» sufrir un siniestro. Además, el 75% afirmó haber protagonizado dos o más incidentes de tránsito en los últimos dos años. Sin embargo, la mayoría atribuyó la responsabilidad de estos episodios al comportamiento de los automovilistas y calificó los choques como hechos inevitables, sin vinculación directa con su propia forma de conducir.
El estudio concluye que existe una baja percepción del riesgo entre los motociclistas, profundizada por un déficit formativo estructural: el 100% de los entrevistados declaró no haber recibido ningún curso de conducción segura. Frente a este panorama, Luchemos por la Vida enfatizó la urgencia de implementar capacitaciones obligatorias en detección anticipada de peligros y concientización vial para frenar el incremento de fatalidades en la vía pública.
