Un vecino de Guernica presentó un requerimiento de acceso a la información pública dirigido a la intendenta Blanca Cantero, solicitando que se transparenten los pliegos de licitación, los contratos de concesión y los montos millonarios cobrados por la empresa privada encargada de las fotomultas en el distrito.
En el marco de un creciente reclamo por la transparencia en la gestión de los recursos públicos y los controles viales, este martes 18 de agosto ingresó por la Mesa de Entradas de la Municipalidad de Presidente Perón un pedido formal de Acceso a la Información Pública, iniciativa impulsada por el referente vecinal Germán Arnaldo Presa.
La presentación quedó asentada bajo el número de Expediente 4128-145529-V-26 y está dirigida directamente a la jefa comunal, Blanca Cantero. El objetivo central del reclamo es echar luz sobre los términos en los que opera el sistema de fotomultas que funciona en el partido, así como conocer en detalle el reparto del dinero recaudado a través de las infracciones de tránsito.
Los tres ejes del reclamo
A través del documento entregado al Ejecutivo municipal, se exige la entrega de copia certificada e información sobre tres aspectos clave del servicio de fotocontrol:
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El pliego de bases y condiciones generales mediante el cual el Municipio licitó y adjudicó el sistema de fotomultas.
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El contrato de concesión, incluyendo sus anexos, reglamentaciones complementarias y eventuales adendas o modificaciones suscritas entre el Estado municipal y la firma concesionaria.
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El estado de cuentas y recaudación: el monto exacto ingresado a las arcas municipales desde enero de 2026 hasta la fecha en concepto de multas, junto con el porcentaje y la cifra total que cobró la empresa privada por prestar dicho servicio.
Sustento legal y doctrina de la Suprema Corte
La petición no solo se ampara en el derecho ciudadano a controlar las cuentas públicas, sino que cuenta con un sólido encuadre normativo. En el texto se invocan las garantías del artículo 42 de la Constitución Nacional —que protege los derechos de los usuarios y consumidores— y el artículo 38 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, además de la Ley Provincial N.º 12.475 y su Decreto Reglamentario 2549/04.
Asimismo, el escrito fundamenta su postura citando jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia bonaerense (en los autos «Asociación por los Derechos Civiles contra Dirección General de Cultura y Educación»), la cual determinó que toda información en manos de organismos estatales se presume pública por regla general.
«La información generada o controlada por las autoridades estatales se presume pública y la carga de fundar una excepción recae sobre el ente gubernamental», recuerda el texto, remarcando que cualquier ciudadano puede solicitar estos antecedentes «sin necesidad de alegar fundamento ni acreditar derecho o interés legítimo».
Impacto en el bolsillo de los conductores
El reclamo cobra especial relevancia en un contexto de debate regional sobre la legalidad y la finalidad recaudatoria o preventiva de las fotomultas en el Conurbano Bonaerense.
«Cualquier cambio en la relación de consumo o tarifaria o que afecte la ecuación económica de los contratos de concesión comporta una afectación directa de nuestros derechos como usuarios de la red vial local», concluye el documento firmado por Presa, quien fija domicilio en Guernica y aguarda ahora una pronta respuesta formal por parte del gabinete municipal dentro de los plazos legales correspondientes.
