COPRODIS denuncia que la iniciativa del Poder Ejecutivo estigmatiza y criminaliza a las personas con discapacidad, retrocede en pensiones y prestaciones básicas, y pone en juego la dignidad, la autonomía y la vida de miles de ciudadanos.
El Consejo Provincial de Personas con Discapacidad (COPRODIS) difundió un duro documento en contra del proyecto oficial para discapacidad. Bajo el título «No es ordenamiento. Es retroceso», la institución carga contra la iniciativa del gobierno de Javier Milei que modifica la actual Ley de Emergencia en Discapacidad.
Pone en tela de juicio la intencionalidad de la propuesta y objeta el concepto de «fraude» que expone la gestión libertaria en materia de otorgamiento de pensiones por discapacidad. Lo califica de «estigmatizador» y «regresivo». Exige su rechazo y participación para elaborar una propuesta alternativa.
Documento:
Desde COPRODIS rechazamos el proyecto del Poder Ejecutivo para modificar la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La palabra “fraude” en el título de un proyecto de ley no solo estigmatiza: criminaliza de manera generalizada a las personas con discapacidad y legitima una narrativa de sospecha y persecución sobre un colectivo históricamente vulnerado.
La iniciativa vuelve a imponer una perspectiva regresiva, retrocede sobre la pensión como herramienta de protección social, vuelve incompatible la pensión con el trabajo formal y habilita mecanismos que pueden derivar en suspensiones y nuevas barreras para quienes ya enfrentan profundas desigualdades.
También pone en riesgo el Sistema de Prestaciones Básicas, afectando el acceso a terapias, apoyos, transporte, educación y salud, y abre la puerta a trasladar responsabilidades a las provincias, profundizando las asimetrías territoriales.
Las personas con discapacidad no pueden ser la variable de ajuste. Lo que está en juego no es un expediente: es la dignidad, la autonomía, la salud y la vida de miles de personas.
Exigimos que se rechace toda medida regresiva y que cualquier discusión se dé con participación real de las personas con discapacidad, sus organizaciones y los organismos federales competentes.
