El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires (Martilleros BA) se declaró en estado de alerta y rechazó de forma tajante un proyecto de ley presentado en la Legislatura bonaerense por diputados de La Libertad Avanza (LLA). Desde la entidad profesional aseguraron que la iniciativa, que busca desregular el mercado inmobiliario, representa «un retroceso de más de medio siglo en la evolución histórica profesional».
El presidente de Martilleros BA, Luis Eusebio Colao, apuntó con dureza contra los nueve legisladores —de los veinte que integran el bloque de LLA en la provincia— que promueven la reforma. Según el directivo, detrás del argumento de la desregulación se esconde un intento de equiparar a los profesionales universitarios matriculados con «cualquier entusiasta en la materia» o personas no respaldadas por un título habilitante.
La polémica por las sanciones
El punto más crítico del proyecto, de acuerdo a lo denunciado por el Colegio, radica en la modificación del régimen de infracciones. La propuesta legislativa busca reformar el artículo 80 de la normativa vigente para establecer textualmente: “Queda excluida de las infracciones y multas previstas en el presente artículo toda persona que intervenga en la compraventa de inmuebles sin poseer título de martillero o corredor público”.
Para Colao, esta modificación redactada «con inusitado desparpajo» tiene consecuencias graves para la seguridad jurídica de los ciudadanos:
“Dicha modificación no sólo equipara la ilegalidad, sino que además la despenaliza. En resumidas cuentas, se legaliza la ilegalidad y se abre la puerta al reino de las estafas”.
Alerta por el empleo y la formación
Desde el sector inmobiliario bonaerense calificaron la iniciativa como «ignara y obsoleta», y acusaron a los diputados oficialistas de vulnerar el esfuerzo de miles de profesionales que se forman en universidades y se capacitan de forma continua para garantizar un servicio seguro a la comunidad.
Asimismo, advirtieron sobre el impacto socioeconómico que podría tener la aprobación de una ley de estas características. Según estimaciones del Colegio de Martilleros, la medida precariza la actividad y pone en riesgo directo e indirecto las fuentes de trabajo de más de 200 mil familias que dependen del mercado inmobiliario en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires.
