Los hermanos Alejandro y Carlos Iaccarino declararon hoy ante un Tribunal Federal de La Plata y relataron cómo fueron secuestrados y despojados de sus bienes durante la última dictadura cívico-militar por haber desarrollado un modelo productivo que contradecía los lineamientos económicos impuestos por el gobierno de facto.
Los hermanos Iaccarino declararon hoy ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que desde octubre de 2020 juzga a 16 represores, entre ellos el exmédico policial Jorge Bergés, por delitos cometidos en los excentros clandestinos de Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno, en Lanús, donde ambos estuvieron secuestrados.
Durante su declaración, los hermanos relataron que desde hace 11 años viven con custodia, a pesar de lo cual continúan recibiendo amenazas o intentos de asesinato, por lo que el presidente del TOF 1, Ricardo Basilico, ordenó se refuerce la seguridad de ambos.
Alejandro expresó que «no nos motoriza ni el odio, ni el resentimiento, ni la sed de venganza. Somos católicos apostólicos romanos. Lo que nos pasó fue una prueba muy dura».
«Fuimos secuestrados para robarnos todos nuestros bienes. Nos quitaron todo. El desapoderamiento de bienes se concretó en El Infierno, ahí se presentó la escribana Lía Cuartas de Camaño», relató.
En los ’70, la familia Iaccarino era dueña de varios bienes, entre ellos una constructora, un establecimiento rural de 25 mil hectáreas en Santiago del Estero, un avión y un emprendimiento lácteo, ILSA S.A, en esa provincia, en el que los hermanos habían diseñado un plan económico que permitía a los tamberos ganancias del 50% de lo que se vendía en las góndolas, lo que no era bien visto por las cámaras del sector y motivó la persecución por parte del represor Antonio Musa Azar, en ese entonces a cargo de la Dirección de Inteligencia de Santiago del Estero.
«Era un plan económico en defensa de la gente humilde, para ayudar a los pobres. Pero ¿cómo puede haber gente que cuando ayudás pone todo en contra para destruir a esa persona?. Nos destruyeron. Mi madre se volvió local cuando la detuvieron a ella y cuando nos desaparecieron a mí y a mis dos hermanos», dijo.
«Mi madre estuvo detenida 17 días en una habitación de 1,80 metro por 1 metro. Era un depósito. No la sacaban al baño, le daban un mate cocido y un pedazo de pan pero no le dejaban nada, ni bañarse, ni vestirse ni comer, nada. Cuando salió de ahí ya estaba loca», dijo conmovido Alejandro al recordar a ese momento.
Remarcó que «no teníamos ni ideología ni política, sólo hicimos un plan económico para defender a la gente humilde».
«En 4 oportunidades estuvimos al límite de vida por exceso de picana eléctrica. Pasamos por 13 detenciones y 9 centros clandestinos de detención, donde fuimos severamente torturados», denunció.
Por su parte, Carlos Iaccarino detalló que su familia construía viviendas a bajo costo; había organizado puntos de abastecimiento de precios de alimentos y carne y beneficiaban a los tamberos con ganancias del 50%, cuando hasta ese momento recibían el pago de un 20%.
Tras estar secuestrados en Santiago del Estero del 4 al 16 de noviembre de 1976, en Santiago del Estero, fueron trasladados a la provincia de Buenos Aires, donde permanecieron cautivos 36 días en el centro COTI Martínez.
«Ahí nos hicieron el ablande total, fue dramático, alevosa la tortura», destacó, y detalló que allí supieron que estaban a disposición del juez Leopoldo Russo de La Plata..
De allí fueron llevados a la Brigada de Lanús, conocida como El Infierno, donde estuvieron 8 meses cautivos. Recordó que un día apareció el juez Russo, quien los indagó por el delito de «monopolio de carne», algo que los hermanos negaron.
«Nos indagan y después de 3 o 4 días vienen dos mafiosos, Bruno Chezzi y Vicente García Fernández (que describieron como dos financistas supuestamente ligados al exministro de Economía José Martínez de Hoz) y nos dicen: ‘para salir de acá en libertad hay que poner algo, o ponen algo o van al Río de la Plata'», precisó.
Detalló que les exigieron la entrega de dos campos y el avión para dejarlos libres. Además se les dictó la falta de mérito en la causa por monopolio de carne.
«Esta verdad nos llevó 46 años poder transmitirla. Es momento de que la justicia se haga cargo, que la policía se haga cargo», y aportó una serie de nombres de funcionarios judiciales y policiales que deberían haber sido citados a declarar, ante lo cual el TOF 1 expresó que evaluará este pedido.
El TOF 1 juzga por los delitos cometidos en el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes y El Infierno al exministro de Gobierno bonaerense de la dictadura Jaime Smart; al exmédico policial Bergés y a los imputados Federico Minicucci, Carlos María Romero Pavón, Roberto Balmaceda y Jorge Di Pasquale.
También empezó a juzgar a Guillermo Domínguez Matheu, Ricardo Fernández, Carlos Fontana, Emilio Herrero Anzorena, Carlos Hidalgo Garzón, Antonio Simón, Enrique Barré, Eduardo Samuel de Lío y Alberto Condiotti.
