El nuevo esquema contractual elimina definitivamente los subsidios del Tesoro y obliga a la empresa a autofinanciarse mediante tarifas. Se establecen planes de inversión quinquenales y se prepara el terreno para la venta del paquete accionario mayoritario.
En un paso estratégico para la reconfiguración de los servicios públicos, se estableció un nuevo Contrato de Concesión para AySA (Agua y Saneamientos Argentinos). El documento ordena y actualiza las condiciones del servicio para los más de 15 millones de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), sentando las bases legales para la próxima licitación de la compañía.
Sustentabilidad y fin de los subsidios
Uno de los puntos más destacados de la transformación de la empresa es el saneamiento financiero. Desde 2024, AySA logró reducir su déficit operativo, pasando a cubrir sus costos exclusivamente con la recaudación tarifaria. El nuevo contrato convierte esta política en una regla permanente, prohibiendo la asistencia financiera del Tesoro Nacional y exigiendo el equilibrio económico-financiero de la concesionaria.
Un contrato a largo plazo con metas claras
A diferencia de los modelos anteriores, este nuevo vínculo tendrá una vigencia de 30 años, con posibilidad de prórroga por otros 10. Entre las principales novedades del esquema se encuentran:
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Planes Quinquenales: La obligación de elaborar un Plan de Acción cada 5 años con metas específicas de mantenimiento, mejora y expansión del servicio.
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Revisiones Tarifarias: Se pasará de ajustes anuales a revisiones integrales cada cinco años, vinculadas al cumplimiento de las inversiones.
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Niveles de Cobertura: El objetivo central es alcanzar los promedios regionales de acceso a agua potable y cloacas en el menor tiempo posible.
Control y sanciones
Para garantizar que la mejora del servicio sea efectiva, el contrato refuerza el rol de los organismos de control: el ERAS (Ente Regulador de Agua y Saneamiento) y la APLA (Agencia de Planificación). Se han incorporado mecanismos más estrictos de auditoría independiente y un régimen de multas ante el incumplimiento de las metas de inversión.
El camino a la privatización
La aprobación de este contrato no es un hecho aislado, sino que ordena el marco jurídico necesario para la transferencia de la empresa al sector privado. Según se informó, el plan consiste en la licitación pública del paquete accionario mayoritario (90%) en manos del Estado Nacional, mientras que el 10% restante permanecerá bajo el Programa de Propiedad Participada de los trabajadores.
«La aprobación de este nuevo contrato representa un paso decisivo en la transformación de AySA y ordena el marco bajo el cual se desarrollará el proceso de privatización”, destacó Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.
El objetivo del Gobierno es atraer operadores internacionales e inversores que aporten la capacidad técnica y financiera necesaria para expandir la red de saneamiento en el AMBA bajo un esquema de gestión privada, previsibilidad y control estatal.
