El episodio que involucró la aprehensión de Facundo Moyano —imputado de forma preliminar por lesiones y privación ilegítima de la libertad tras un hecho ocurrido en el barrio porteño de Belgrano— vuelve a encender las alarmas sobre una trama repetida y transversal: la que conecta al poder con la violencia machista y el consumo problemático de sustancias.
Por: Sebastián «Tecla» Farias
Más allá del devenir procesal y del inmediato velo de calma que se intenta imponer, la escena inicial reportada por los vecinos (una mujer desorientada solicitando auxilio en plena vía pública) expone un entramado desgarrador. No se trata de un simple traspié mediático ni de un problema de la vida privada; es el reflejo de una estructura de sometimiento donde el estatus y los privilegios pretenden actuar como un blindaje de impunidad.
El veloz «está todo aclarado»
La liberación del dirigente y su posterior declaración ante la prensa asegurando que «está todo aclarado» no hacen más que ratificar la asimetría estructural que rodea a estos casos. Que la Justicia le otorgue la libertad ambulatoria mientras la investigación sigue su marcha no borra la gravedad de la acusación ni invalida la condena ética.
En la dinámica habitual de la violencia de género, el sobreseimiento mediático exprés, la minimización del hecho y la posterior morigeración o retractación de los testimonios suelen responder a presiones directas o indirectas, al temor a las consecuencias o a la aplastante disparidad de recursos entre las partes. La agresión física y el encierro forzado no se disuelven.
El poder, el abuso y la cortina de humo
Cuando la violencia contra las mujeres se combina con la influencia política, el dinero y los excesos, la vulnerabilidad de la víctima se profundiza. El consumo de sustancias o el descontrol no constituyen bajo ningún concepto un atenuante ni una justificación: son agravantes que potencian la agresión y acentúan el desamparo. Quienes ocupan cargos de visibilidad pública o liderazgos (de lo que sea) tienen la obligación de responder con una conducta transparente y ejemplar. La sospecha de abuso o sometimiento debe repudiarse sin concesiones, sin matices y sin cálculos partidarios.
El marco
Este caso cobra un sentido aún más urgente al insertarse en una realidad nacional donde la violencia machista no da tregua y continúa cobrándose vidas a diario:
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Víctimas fatales: Los observatorios de género registran de forma sostenida más de 200 femicidios directos al año en la Argentina, lo que equivale a una víctima fatal cada 33 a 34 horas(recordemos a Mailen, la joven de 24 años asesinada en la ciudad de Mar del Plata).
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El peligro en el ámbito privado: Más del 70% de los agresores pertenecen al círculo íntimo (parejas o exparejas), y la mayoría de los ataques se producen en la vivienda compartida o en el domicilio de la víctima.
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Alertas desoyendas: Cerca del 20% de las mujeres asesinadas habían realizado denuncias previas o contaban con medidas de protección que resultaron ineficaces.
Mientras las estadísticas continúan cobrándose la vida de mujeres desconocidas a lo largo y ancho del país —muchas de ellas alejadas de los flashes y sin llegada a los medios—, el trato reservado a los poderosos obliga a mantener una mirada profundamente crítica. La violencia machista en cualquiera de sus formas exige una respuesta judicial rigurosa y un repudio social implacable, sin importar el apellido, el poder económico ni la portación de apellido del agresor.
