El Tribunal del Trabajo N° 1 declaró nulo el despido de Osvaldo Roberto Martínez, Secretario General del SEMFV, al considerarlo un acto de discriminación antisindical. La sentencia obliga a la comuna a reconocer a la FeSiMuBo en el distrito y le costaría a las arcas municipales más de 50 millones de pesos.
En una resolución que sienta un importante precedente gremial y político en la región, la Justicia laboral falló en contra de la Municipalidad de Florencio Varela tras hacer lugar a un recurso de amparo sindical presentado en defensa de Osvaldo Roberto Martínez, Secretario General del Sindicato de Empleados Municipales de Florencio Varela (SEMFV).
El fallo, dictado por el Tribunal del Trabajo N° 1 —con una integración especial de magistrados foráneos dispuesta para garantizar la imparcialidad del proceso—, determinó que la cesantía dictada por el Ejecutivo local contra el dirigente constituyó un acto de «discriminación antisindical». En consecuencia, ordenó su inmediata reinstalación en su puesto laboral y condenó a la comuna a reconocer formalmente la representación de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FeSiMuBo) dentro del distrito.
El trasfondo gremial y político
El conflicto se originó tras la asamblea fundacional del SEMFV, instancia en la que los trabajadores designaron a Martínez como su Secretario General y resolvieron adherirse orgánicamente a la FeSiMuBo, entidad conducida a nivel provincial por Hernán Doval e impulsora de la Ley 14.656 que rige las relaciones laborales municipales.
Desde el sector gremial denunciaron que, a partir de esa conformación, el dirigente fue objeto de un hostigamiento sistemático por parte de la administración local —históricamente vinculada al referente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Julio Pereyra—, que derivó finalmente en su cesantía. Ante esta situación, el equipo legal de la FeSiMuBo inició la ofensiva judicial que culminó con la reciente sentencia favorable.
Un extenso derrotero judicial
La resolución definitiva llegó tras un complejo recorrido en los tribunales. En una primera instancia, la causa había sufrido un rechazo in limine, decisión que posteriormente fue revocada por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, el cual ordenó conformar un nuevo tribunal para analizar el fondo de la cuestión.
En esta última sentencia, la decisión se definió por mayoría con los votos de los jueces Rodríguez Ponte y Stolarczyk, quienes desestimaron los argumentos disciplinarios esgrimidos por la defensa del Municipio. Por su parte, el magistrado Diego Rosa —quien se desempeñaba como secretario del juzgado al momento del primer rechazo— votó en disidencia al considerar válidos los planteos de la comuna.
Impacto en las arcas municipales
Más allá de la reinstalación del dirigente y el reconocimiento gremial, el fallo conlleva un fuerte impacto financiero para el Estado local. Al declarar la ineficacia del despido, el tribunal condenó al Municipio de Florencio Varela a abonar la totalidad de los salarios caídos de Martínez, con sus correspondientes actualizaciones e intereses, sumado al pago de las costas de todo el proceso judicial.
Según estimaciones vinculadas al expediente, el desembolso que deberá afrontar la administración municipal para cumplir con la sentencia superará los 50 millones de pesos.
