El delegado de la planta de Molinos Río de la Plata en Esteban Echeverría, Luciano Greco, denunció que la empresa no acata la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense y que, en pleno conflicto, propone imponer una rebaja salarial a sus trabajadores y trabajadoras.
“Pérez Companc quiere que firmemos una rebaja salarial, renunciando a adicionales de convenio”, advirtió Greco en declaraciones a Radio Ecomedios, tras confirmar que los trabajadores despedidos siguen sin poder ingresar, pese a la disposición oficial del 18 de junio que ordena su reincorporación y la restitución de la dotación de personal.
El conflicto se inició el 9 de mayo, cuando la empresa anunció despidos, recorte de personal y una baja de salarios para ajustarlos a los denominados “costos de mercado”. La situación se agravó el 17 de junio, con el despido de seis personas (cinco varones y una mujer), lo que motivó un paro por tiempo indeterminado, convocado por la Comisión Interna y el STIA filial Buenos Aires.
Durante la medida de fuerza, la empresa avanzó con cuatro despidos adicionales, y al día siguiente el Ministerio dictó la conciliación obligatoria, que hasta hoy no está siendo respetada, según denuncian desde el gremio.
Greco también alertó sobre la afectación a la seguridad, salud e higiene en el empleo, producto de la reducción de personal en las líneas de producción. “Aumenta el ritmo de trabajo y la empresa ignora la legislación vigente sobre Comités de Seguridad e Higiene”, remarcó.
Según el delegado, Molinos estaría ensayando en su planta una segunda etapa de la reforma laboral y sindical, con despidos selectivos, avance sobre derechos adquiridos y presión para desarticular la organización gremial interna.
“Nos extorsionan diciendo que si no aceptamos, deberían cerrar la planta. Pero hablamos de Pérez Companc, una de las familias más ricas del país”, denunció Greco, al tiempo que acusó a la compañía de intentar trasladar el riesgo empresario al personal, pese a haber declarado ganancias por $191 millones en el último trimestre.
Desde la planta aseguran que la empresa busca reducir su nómina, precarizar las condiciones de trabajo y avanzar sobre la negociación colectiva: “Quieren que renunciemos a los adicionales de convenio para despedirnos más barato y reemplazarnos por trabajadores más vulnerables”, planteó el delegado.
“Si este conflicto no se resuelve a favor de las y los trabajadores, el próximo paso será hacer caer el convenio colectivo de actividad y avanzar hacia una nueva estructura de costos laborales que habilite contratos por debajo de los derechos actuales”, concluyó.
