Corredores Viales S.A. anunció el envío de telegramas de despido a 117 trabajadores como respuesta a las medidas de fuerza llevadas a cabo por el Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA), liderado por Facundo Moyano. Las acciones sindicales, consideradas ilegales y extorsivas por la empresa, afectaron las operaciones durante cuatro días consecutivos, causando al Estado Nacional una pérdida estimada de más de 2.500 millones de pesos.
El conflicto sindical comenzó con un reclamo solidario hacia los trabajadores de Caminos del Río Uruguay, empresa privada cuya concesión finalizó en 2014. Según Corredores Viales, el sindicato exigió que el Estado Nacional asuma la responsabilidad laboral de dichos empleados, algo que, afirman, corresponde únicamente a la empresa privada.
Corredores Viales denunció que las medidas gremiales, que incluyeron el levantamiento de barreras de peaje y la obstrucción del paso, fueron realizadas sin previo aviso a las autoridades competentes, contraviniendo la Ley 14.786. Frente a esta situación, SUTPA modificó los argumentos del paro por razones que, según la compañía, no justificaban la interrupción prolongada de las operaciones.
Desde la empresa advirtieron que continuarán aplicando sanciones disciplinarias, incluyendo descuentos, pérdida de beneficios y despidos, en caso de persistir las acciones consideradas extorsivas. Asimismo, informaron que trabajan junto a las fuerzas de seguridad para implementar un protocolo que evite el corte de rutas y garantice la libre circulación en el futuro.
Las pérdidas económicas atribuidas a las medidas gremiales han generado un fuerte impacto, estimando daños diarios superiores a los 700 millones de pesos en recaudación, afectando así el sostenimiento del sistema vial. El Estado Nacional ha declarado que no tolerará extorsiones por parte de «la casta sindical», reforzando su postura frente al conflicto
