Al empresario, junto a dos socios, le atribuyen una deuda superior a los $300 millones. En paralelo, se cree que la Cancillería puede fiscalizar la feria e incluso ordenar desalojos.
La famosa feria La Salada, ubicada en Ingeniero Budge, está en jaque. Por un lado, el polémico empresario Jorge Castillo, conocido como “el Rey de La Salada”, se encuentra al borde del juicio oral por evasión tributaria agravada, junto a dos socios. Pero, además, el Gobierno nacional analiza fiscalizar el paseo de compras y hasta podría ordenar desalojos, a partir de un informe de la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos.
El pedido de juicio oral fue presentado por la titular de la Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, y el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Diego Velasco.
Los delitos por los que se los acusa a Jorge Castillo tiene sentencia de prisión efectiva.
La causa que involucra a Castillo y a sus socios Antonio Corrillo Torrez y Aldo Enrique Presa es por la comisión de delitos de naturaleza económica cometidos en el marco de la explotación del complejo comercial desde 2013 y hasta fines de mayo de 2017.
Los empresarios están acusados de ser coautores del delito de evasión tributaria agravada por haber evadido el pago del Impuesto a las Ganancias y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al que se encontraba obligada la firma Punta Mogote S.C.A.
Según la investigación, la deuda que se les atribuye es de $126.684.567 desde enero de 2013 hasta mayo de 2017, inclusive. Y los intereses -calculados por la Administración Federal de Ingresos Públicos al 26 de octubre de 2018- por ambos impuestos superan los $228.000.000.
La causa se inició el 17 de marzo de 2015, a raíz de la presentación de la AFIP contra los responsables de la denominada “Feria La Salada”.
En el requerimiento de elevación a juicio se resalta que los delitos habrían sido cometidos mediante la presentación de declaraciones juradas engañosas (originales y rectificativas), en las cuales, “principalmente, se omitió la exteriorización de ingresos gravados y se contabilizó facturación apócrifa”.
A Castillo, además, se lo acusó en calidad de autor de evasión del pago del Impuesto a las Ganancias y el IVA al que se encontraba obligado a título personal. Por el primero le reclaman los periodos 2015 y 2016, por un monto de $19.170.956. Por el segundo, desde 2015 hasta fin de junio del 2016, se le exige una suma de $10.415.000. Los intereses por ambos impuestos, al año 2018, superan los $15.000.000.
El Régimen Penal Tributario, tanto en la redacción prevista por la Ley Nº26.735 (vigente al momento de los hechos), como por la Ley Nº27.430, prevé una escala penal de tres años y seis meses a nueve años de prisión para quienes hayan evadido el pago de impuestos en los tres niveles del Estado (municipal, provincial y nacional).
En tanto, el delito de evasión simple, que pesa sobre Castillo a título personal, prevé una pena de dos a seis años de prisión. Días atrás llegó al Gobierno argentino una advertencia desde los Estados Unidos respecto a la protección de la propiedad intelectual, apuntando principalmente a la venta de ropa ilegal.
En el último informe de la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos también se incluyó al circuito de manteros del barrio porteño de Once, pero se puso el énfasis en La Salada por su enorme extensión y por tratarse del mercado que a su vez provee de mercadería a todas las ferias del país y aledaños.
La Cancillería argentina tomó nota del reclamo y analiza aplicar un plan de fiscalización en la feria de Lomas de Zamora para el próximo mes. Además, aseguran que no se descarta que se ordenen desalojos en el predio, que cuenta con alrededor de 7.000 puesteros.
Además, se calcula que La Salada abastece a ferias (conocidas como «saladitas») de todo el país, con más de 65 mil puestos. Los compradores suelen llegar en tours de venta desde otras ciudades, provincias y hasta países como Uruguay, Bolivia, Paraguay y Chile.
