Si hay algo que provocó esta Pandemia Mundial del Covid-19, es que muchas cosas cambiaron y otras se desorganizaron completamente. Aún así, impera expresarse sobre lo que viene sucediendo en materia de DDHH en nuestro país, dado que a pesar de esta compleja situación, se vulneran derechos a diario y se producen hechos jurídicos muy sensibles y reprochables que a continuación repasaremos en detalle.
Por: Daniel Prassel *
Para que nadie se confunda, lo primero que hay que decir es que las medidas adoptadas por nuestro Gobierno Nacional no solo son adecuadas; sino acertadas y muy humanas. Bastará ver los indicadores de otros países para darse cuenta. Es una tranquilidad como también un orgullo que después de 4 años de un gobierno negacionista e insensible como el de Cambiemos, hoy tengamos nuevamente un Estado Presente que cuida de su Pueblo y que elije la vida por sobre la cuestión material. Dicho esto y siempre en pos de aportar positivamente a este difícil presente, nos adentraremos en problemáticas que impactan directamente en la lesión de los DDHH y consideramos que deben ser tenidas en cuenta para que no se reproduzcan vergonzantes hechos, ofreciendo nuestro aporte que debe ser el estar más atentos que nunca para contribuir y auxiliar a nuestros representantes y funcionarios a fin de dar las respuestas políticas debidas a estos conflictos.
Empezaremos por citar con mucha tristeza e indignación, la cantidad de pedidos de prisión domiciliaria para los genocidas y represores de la ultima dictadura cívico-militar, que por estos días se realizaron unas 70 solicitudes para que varios responsables del terrorismo de estado condenados por delitos de lesa humanidad se vayan a sus casas. Claro que el argumento no es otro que valerse de este escenario de Pandemia para justificar tales demandas. Es importante comprender que si bien la situación es extraordinaria, nuestro país no puede darse el lujo de igualar a estos detenidos con los presos comunes. Hablamos y se deberá citar las veces que sean necesarias de que estas personas, que además de desaparecer, torturar, violar, asesinar, fusilar, arrojar con vida desde aviones, robar recién nacidos, lo hicieron en el marco de un plan sistemático que no dudó en masacrar a 30.000 compatriotas, imponiendo un plan económico por el que todavía hoy pagamos secuelas.
Genocidas en sus casas
Hemos luchado muchísimo y estamos convencidos que no debemos apartarnos jamás del camino de la Memoria, la Verdad y la Justicia, por lo que nos preocupa esto que viene pasando. Hay que decir también que esos pedidos ya son 18 para los represores beneficiados y que en algunos casos, estos trámites jurídicos se resolvieron maratonicamente en tan solo 48 horas, como los casos de Juan Nazareno Risso, Walter Omar Ale y Ramón Carlos Velazco, condenados por el asesinato en 1976 del militante de la JUP Horacio Benavides, quienes cumplían su condena en la cárcel de Campo de Mayo.
Otros pedidos de genocidas, como el de Miguel Etchecolatz, fueron desestimados.
De todos modos, estos siniestros personajes, a través de sus abogados, están queriendo aprovechar el estado de emergencia para burlar una vez más a la justicia y garantizar nuevamente esa impunidad que indigna y repudia la sociedad en su conjunto. Tal es el caso del represor Carlos Reinhart, alias «El Carnicero», apodado así por su despiadado accionar y condenado 2 veces por delitos de lesa humanidad, que días atrás consiguió también su beneficio domiciliario.
Ante estas circunstancias, nuestra tarea debe seguir siendo la visibilización y la transmisión de la historia para que ninguna autoridad del Poder Judicial tenga dudas de que el único lugar para estos asesinos que nos ofenden como Pueblo, es y debe ser la cárcel común y el cumplimiento efectivo de cada una de sus penas.
¿Violencia institucional?
Otra de las situaciones que queremos y debemos explicitar, son los excesos y abusos de fuerzas de seguridad que constituyen episodios graves de violencia institucional. Como siempre, vale destacar que no queremos que por algunos violentos se termine opacando el gran trabajo que despliegan miles de trabajadores de la seguridad que cumplen la ley y se manejan a derecho siempre como debe ser. Recordemos entonces lo sucedido en Isidro Casanova donde efectivos de la policía local hicieron «Bailar» (nombre con que se denomina a practicas vergonzantes y estigmatizantes) a siete jóvenes, que si bien estaban incumpliendo la cuarentena, el procedimiento indica de manera clara que debieran ser apercibidos para inmediatamente regresar a sus hogares y de ninguna manera ser humillados. A la altura de las circunstancias, opinó el gobernador bonaerense, Axel Kicillof: «Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada», en clara advertencia a las fuerzas.
Otro hecho se vivió en el barrio 1-11-14 de Flores, donde un vecino registró como tres gendarmes obligaban a dos hombres a caminar en cuclillas y con las manos en la cabeza por incumplir el decreto de aislamiento, vídeo que llegó a las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación y que dicha cartera no solo pasó a disponibilidad a los agentes -una vez identificados-, sino que se les abrió un proceso en su contra por estas conductas intolerables para nuestra vida en democracia.
Por último, y de lo mas repudiable, fue lo que pasó en Avellaneda, donde dos policías bonaerenses fueron sumariados luego de que se viralizara un vídeo en el que se los ve increpando y golpeando a un nene de 12 años al que acusaron de robar una bolsa de comida que había recibido de parte de los vecinos. En este caso también se espera que ambos efectivos sean separados de la fuerza ya que se ve claramente como golpean al niño contra un portón.
Afortunadamente, y como decíamos mas arriba, hoy tenemos un Estado Presente y con perspectiva clara en materia de Derechos, por lo que valoramos que en los tres casos desde nuestro Gobierno y sus distintos organismos se tomaron las acciones necesarias para ejemplificar a aquellos que no respetan la democracia que tanto costó y cuesta sostener.
Pero aun así, debemos estar siempre alertas y además tenemos un gran desafió por construir conjuntamente con nuestras autoridades, y que no es más que ser capaces desde nuestro rol militante y político, el poder pensar, reflexionar, diseñar e institucionalizar los mecanismos que ayuden a una formación integral de los trabajadores de las distintas fuerzas de seguridad para que en nuestro país esas practicas que nos retrotraen a la peor época de nuestra historia, jamás, absolutamente jamás, puedan volver a repetirse.
Sigamos cuidando la democracia y el pleno ejercicio de los derechos de todos y todas.
Daniel Prassel es integrante de la Mesa de Trabajo del ex Pozo de Banfield y militante por los Derechos Humanos
