El conflicto político y judicial tras la decisión de suspender por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires escaló un peldaño más. La diputada nacional Lorena Petrovich (La Libertad Avanza) confirmó que su espacio pedirá el juicio político a la magistrada Marta Pascual, al considerar que debe fundamentar institucionalmente el freno dictado sobre la normativa.
“Vamos a pedir un juicio político para esta persona”, aseveró la legisladora libertaria en declaraciones radiales, marcando la necesidad de impulsar «un cambio de mentalidad» dentro del Poder Judicial frente al abordaje del delito en territorio bonaerense.
El contrapunto se centra en la aplicación de penas más severas para los menores que delinquen. Según planteó Petrovich, los hechos delictivos en la provincia exhiben niveles crecientes de violencia, por lo que defendió el endurecimiento del marco normativo como una herramienta disuasiva directa.
Infraestructura, reinserción y diferenciación de delitos
Más allá del contrapunto legal con la jueza Pascual, la referente oficialista reconoció que la problemática penal juvenil requiere transformaciones estructurales en el sistema edilicio y de contención. En esa línea, remarcó la necesidad de construir más penitenciarias e institutos de menores para garantizar la separación estricta entre jóvenes y adultos en contexto de encierro.
En cuanto abordó el plano de la rehabilitación, sostuvo que los establecimientos juveniles deben brindar contención psicológica, formación en oficios, deporte y educación formal, junto con un abordaje sobre los entornos sociofamiliares de los internos.
Asimismo, pidió evitar abordajes homogéneos ante la ley y reclamó diferenciar el tratamiento punitivo según el grado de responsabilidad: establecer distinciones claras entre quienes incurren en su primer delito y la reincidencia, así como deslindar la gravedad entre hechos contra la propiedad privada y delitos complejos como asesinatos.
