Tres jóvenes, uno de ellos con antecedentes por estafa e hijo de un suboficial retirado de la policía bonaerense, fueron detenidos acusados de ser quienes llevaron adelante en los últimos dos meses al menos 30 amenazas de bomba contra la Casa de Gobierno, estaciones de trenes y subtes porteños, el búnker de Unión por la Patria y despachos de jueces y funcionarios.
Los voceros detallaron que al grupo, que se hace llamar «La mafia del Hentai», en alusión a un animé japonés XXX, se lo acusa de las recientes amenazas de bomba dirigidas a las estaciones de trenes y del subte porteño, que produjeron pérdidas millonarias debido a la suspensión de los servicios, e incluso se lo vincula con intimidaciones contra el búnker del candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, durante las últimas elecciones generales, y contra el juez federal Ariel Lijo, quien se encontraba de turno.
Los arrestos se realizaron anoche en distintos domicilios del conurbano bonaerense, donde efectivos de la División Delitos Constitucionales de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA) trabajaron bajo las órdenes del juez Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 10, Julián Ercolini.
Las fuentes consultadas por Télam identificaron a uno de los detenidos como Facundo Maximiliano Martínez Radaeli (18), hijo de un sargento retirado de la policía bonaerense y hermano de una integrante de la Policía de la Ciudad, quien fue apresado en su casa de la localidad bonaerense de Llavallol.
También fueron detenidos en sus domicilios del Gran Buenos Aires Matías Manuel Danco y Leandro González, quienes también integraban con Martínez el grupo autodenominado «La mafia del Hentai».
Los tres permanecían alojados en la alcaidía de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, situada en Madariaga al 6900, del barrio porteño de Villa Lugano, donde aguardaban ser trasladados a los tribunales federales de Retiro para ser indagados por Ercolini mañana.
«Se están solicitando los sumarios en los distintos juzgados que investigaban las amenazas de bomba, que fueron alrededor de 30. Recién cuando el juez Ercolini tenga en su poder todos los elementos, indagará a los detenidos, lo que posiblemente sea mañana», dijo una fuente cercana al expediente principal.
La pesquisa se inició el día de las elecciones del pasado 22 de octubre, cuando en la línea de emergencias 911 se recibieron amenazas que alertaban sobre la presencia de explosivos en la Casa Rosada, en el Congreso Nacional, en la Cámara Nacional Electoral y en el búnker de Massa, en el Complejo C de Chacarita, entre otros sitios.
«Somos un grupo terrorista y pusimos una bomba en la sede de Massa (…) en el edificio de la dirección de Corrientes y Dorrego, Chacarita, Complejo C», se escucha decir a un hombre en el audio de la llamada al 911 -al que accedió Télam-, donde la persona indica que el supuesto artefacto había sido colocado «hace 15 minutos y tardaría media hora» en estallar.
En tanto, en otra llamada intimidatoria atendida también por un operador del 911, una persona que identificó como «Rodrigo Teniente», manifestó: «Lo único que te digo es que hay una bomba en la sala presidencial y que explota en los próximos minutos».
También en otra amenaza del mismo tenor, un tal «Martín coronel» alertó al operador del 911 sobre la presencia de un explosivo en «los andenes, el número 3 y 5» de la estación de trenes de Constitución.
Tras esas intimidaciones y otras, se inició una causa ante el juzgado de Lijo, que estaba de turno, quien dio intervención a los pesquisas de Delitos Constitucionales la PFA para que comenzaran a analizar las comunicaciones, con la colaboración de personal especializado de áreas de Antiterrorismo y Cibercrimen
Pero a los tres días de iniciada esa investigación, el propio magistrado recibió una amenaza en su despacho, por lo que denunció el hecho ante su colega Ercolini, que quedó al mando de esa pesquisa, a la que sumó otras causas por amenazas similares en los días previos, detallaron los informantes consultados.
Los detectives expertos en comunicaciones de la PFA lograron establecer que las amenazas habían sido realizadas a través de varias líneas en común -que luego coincidieron con las empleadas en las intimidaciones contra las estaciones de trenes de esta semana-, las que pertenecían a la empresa Telecentro, que utiliza una nueva tecnología que canaliza las llamadas a través de una conexión a internet.
Las fuentes explicaron que una parte de los acusados se dedicaba a hackear las cuentas de los clientes de la empresa, gestionándoles -sin su consentimiento- nuevas líneas telefónicas a su nombre, las que luego eran vendidas en el mercado negro de la «Deep Web».
Allí, uno de los sospechosos adquiría las líneas fraudulentas a nombre de terceros y utilizaba redes wifi públicas para realizar los llamados intimidatorios, evitando de este modo ser rastreado.
No obstante, los detectives, lograron establecer la existencia de algunos patrones comunes de conexión y, mediante múltiples intervenciones telefónicas realizadas en tiempo real, los identificaron y localizaron, dijeron las fuentes.
Allegados a la investigación, dijeron que hasta el momento se identificaron al menos unos 30 hechos de amenazas relacionados a los detenidos.
Al ser detenido, Martínez Radaeli, quien tiene antecedentes por estafas y cuyo padre policía retirado tiene en su contra denuncias por violencia, dijo que está «peleado con el sistema» y que eso motivó las amenazas, dijeron voceros vinculados al procedimiento.
Además, contaron que justo antes de que se produjeran los allanamientos y los arrestos, habían llegado a concretar una amenaza contra el ministro de Transporte, Diego Giuliano. (Télam)
