Tras una serie de pintadas intimidatorias en baños de instituciones de Almirante Brown y Lanús, se realizaron allanamientos y se activaron protocolos. El clima de temor se extiende a la Universidad Nacional de Lanús, donde los estudiantes dudan en asistir a clase por mensajes de odio.
Por: Sebastián «Tecla» Farias
La región sur del Conurbano atraviesa horas de máxima tensión debido a una seguidilla de amenazas de ataques armados en establecimientos educativos. Lo que comenzó como un fenómeno viral en redes sociales ha escalado a la intervención judicial, con allanamientos en San Francisco Solano y un clima de incertidumbre que cala hondo en las familias.
El caso UNLa: «Mañana no vengan»
La preocupación llegó al ámbito universitario con fuerza. En la UNLa, los mensajes hallados en los sanitarios subieron el tono de la agresión con inscripciones que rezaban «tiroteo contra kukas» y advertencias de ataques masivos para este viernes.
«Mi hija estudia en la UNLa y en dos baños hay mensajes de tiroteo masivo. La universidad hizo la denuncia, pero esto se suma a lo de otras escuelas. Es un problema grave, una moda demencial», relató con angustia una madre de la comunidad. Ante la falta de certezas, la decisión de asistir a las aulas ha quedado bajo la responsabilidad individual de cada estudiante, diezmando la concurrencia.
Allanamientos y operativos policiales
En Almirante Brown, la Policía de la Provincia de Buenos Aires, bajo las órdenes de la UFI N° 5 del Joven de Lomas de Zamora, realizó un procedimiento en una vivienda de San Francisco Solano. El objetivo fue el domicilio de un alumno de la Escuela N° 58, quien habría escrito una amenaza con nombre y apellido en los azulejos del baño. Aunque el resultado fue negativo respecto al hallazgo de armas, el operativo marcó un precedente sobre la velocidad de la respuesta judicial.
Por su parte, el Colegio del Sur de Longchamps también activó protocolos de seguridad tras detectar pintadas en el baño de mujeres de la secundaria básica, reforzando el diálogo y las medidas de cuidado con las familias.
No es una broma: Las graves consecuencias legales
Muchos jóvenes y padres minimizan estos actos bajo la etiqueta de «retos virales», pero la legislación argentina es tajante. Estas acciones configuran el delito de Intimidación Pública (Art. 211 del Código Penal), que prevé penas de 2 a 6 años de prisión por infundir temor público.
Pero el impacto más inmediato es para los padres. Al ser civilmente responsables por los actos de sus hijos menores, pueden enfrentar:
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Demandas millonarias: El Estado está facultado para reclamar a las familias el costo de los operativos policiales, el despliegue de peritos y las ambulancias.
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Embargos: En antecedentes previos de amenazas de bomba, la justicia ha llegado a embargar sueldos de progenitores para cubrir los gastos del despliegue de seguridad.
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Antecedentes penales: Para los jóvenes mayores de 16 años, esto puede significar una mancha permanente en su certificado de antecedentes, cerrando puertas a futuro en empleos públicos o fuerzas de seguridad.
Un debate sobre los límites y la familia
Lo cierto es que, aunque se trate de jóvenes que no miden las consecuencias de actos supuestamente «divertidos», el daño es real. Generan una psicosis que obliga a directivos y docentes a trabajar bajo una presión constante.
Ante esto, surge el interrogante: ¿Por qué desde los hogares no se concientiza sobre el respeto al otro? Históricamente, la escuela fue un lugar de refugio y contención. El quiebre de esa seguridad plantea la necesidad de aplicar normas más severas. Quizás sea momento de recuperar ciertas pautas de autoridad del pasado para preservar la paz de las instituciones educativas del presente.
