Esta mañana, las calles de Monte Grande se convirtieron en el escenario de una contundente protesta encabezada por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB). Más de 1.500 docentes marcharon por el centro de la ciudad hacia la delegación local de la ANSES para denunciar el «ahogo financiero» que sufre el sistema previsional de la Provincia.
La movilización local se dio en el marco de una jornada de lucha en toda la provincia de Buenos Aires. El reclamo principal es la transferencia inmediata de los fondos que el Gobierno Nacional le adeuda a la caja de jubilaciones bonaerense.
Dante Boeri, Secretario General de SUTEBA Esteban Echeverría, destacó ante Data Conurbano la amplitud de la convocatoria:
«Hoy le deben 2,2 billones de pesos, lo cual es fundamental para seguir sosteniendo nuestra jubilación. Estuvieron presentes SUTEBA, la FEB, UDOCBA, CICOP, el Sindicato de Trabajadores Municipales, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, ATE y compañeros concejales. Marchamos más de 1.500 docentes y cerramos con un acto en la ANSES muy potente».
Los puntos clave del conflicto
Según el petitorio entregado a las autoridades de ANSES, la situación ha llegado a un punto crítico:
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Deuda Multimillonaria: El Gobierno Nacional adeuda más de 2,2 billones de pesos a la caja de jubilaciones de Buenos Aires.
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Fondos Retenidos: Desde diciembre de 2023, se ha omitido deliberadamente la transferencia de un total de 22 billones de pesos, de los cuales el 10% corresponden específicamente al sistema previsional provincial.
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Riesgo de Reforma: Los trabajadores denuncian que este «ahogo» tiene como objetivo obligar a modificar las condiciones jubilatorias y adueñarse de los fondos de la Caja.
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Justicia en espera: El Gobierno Provincial ya ha judicializado el reclamo ante la Corte Suprema de la Nación ante la falta de respuestas de la ANSES.
«Basta de rifar nuestro futuro»
La jornada concluyó con la entrega de un petitorio firmado por los trabajadores activos y jubilados. En el documento, los gremios AMET, FEB, SUTEBA y UDOCBA ratificaron su defensa del IPS como un sistema público, solidario y de reparto.
«Esto está perjudicando directamente a todos los trabajadores estatales porque pone en riesgo el funcionamiento del IPS», advirtió Boeri, subrayando que la falta de financiamiento nacional pone en peligro los derechos adquiridos de miles de bonaerenses.
