Trabajo con colegios de la zona, y en el último tiempo la misma escena se repite: un padre que llega preocupado porque algo pasó en un grupo de WhatsApp. Una foto que circuló, un chico hostigado por mensajes, una amenaza. Hasta hace poco yo no tenía una gran respuesta para darles, porque la ley venía bastante por detrás de la realidad. Eso, en estas semanas, cambió. Y conviene que las familias y las escuelas lo sepan. Pasaron dos cosas casi juntas.
Por: Dr. Eugenio Martí Carrocera, abogado (Carrocera Navascués Martí), especializado en asesoramiento a instituciones educativas
La primera es la Ley Ema, que la Legislatura bonaerense aprobó el 20 de octubre. Detrás del nombre hay una historia que no da ganas de contar: una chica de 15 años que no soportó que difundieran un video íntimo suyo entre sus compañeros. La ley que lleva su nombre les pone a las escuelas —privadas y públicas— una obligación concreta: dejar de mirar para otro lado con la violencia digital. Capacitar a los docentes, tener protocolos, enseñarles a los chicos que el consentimiento y la privacidad también valen del otro lado de la pantalla. Difundir una imagen sin permiso, hostigar o extorsionar por mensaje deja de ser “una pavada de adolescentes” para convertirse en algo que el colegio está obligado a atender. Es tan nueva que todavía falta reglamentarla, pero el camino ya está trazado.
La segunda la vengo viendo de cerca por mi trabajo: el nuevo Régimen Penal Juvenil, que se llevó puesta una ley de 1980 y rige desde septiembre. Lo que más se escuchó es el titular: la edad de imputabilidad bajó de 16 a 14. Dicho simple, un chico de 14 que comete un delito ya no es, como antes, intocable para la justicia.
Y acá es donde las dos cosas se tocan, que es lo que me interesa que se entienda. Una ley describe la conducta —la foto, la amenaza, la extorsión por chat—; la otra le pone consecuencia. Lo que para muchos chicos es “un chiste” en un grupo, hoy, a los 14, puede terminar en un expediente. No lo digo para asustar. Lo digo porque lo veo: en la cabeza de un adolescente, reenviar una captura no pesa nada, y nadie le explicó que puede pesar muchísimo.
Que quede claro, igual, porque si no esto suena a amenaza y no lo es: ninguna de las dos leyes quiere llenar de causas a los chicos. El régimen nuevo apunta a medidas educativas y deja la privación de la libertad como último recurso; la Ley Ema, antes que castigar, quiere prevenir. El mensaje de fondo de las dos es el mismo, y es bastante simple: internet no es una tierra sin reglas, y ni los chicos ni los colegios quedan afuera.
¿Qué haría yo si tengo hijos en edad escolar o estoy al frente de un colegio? Para empezar, ponerme al día, porque casi todo lo que creíamos saber de esto quedó viejo en dos meses. Y después, hablar. En casa y en el aula, antes de que explote. Un chico que entiende que una captura puede arruinarle la vida a un compañero —y de paso complicarle la suya— lo piensa dos veces antes de tocar “reenviar”. La prevención, también en esto, sale más barata y es más humana que cualquier sanción.
