Documentos oficiales emitidos por el Banco Provincia confirman que las cuentas de la empresa fiduciaria del complejo «Estrella del Sur» carecen de liquidez para cubrir las medidas cautelares dictadas por la Justicia a favor de los damnificados. La acumulación de retenciones preexistentes traba los cobros de las sentencias.
El emblemático caso del «Elefante Blanco» de Avellaneda —el inconcluso complejo de cuatro torres ubicado sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen al 800— suma un nuevo capítulo de incertidumbre y tensión legal. Respuestas oficiales enviadas por el Banco Provincia al Juzgado Civil N° 27 (Secretaría N° 53) revelan que las medidas ejecutivas dictadas contra la firma Provincia Fideicomisos S.A.U. no se están pudiendo hacer efectivas en su totalidad por la falta de dinero disponible en sus cuentas.
La confirmación -publicada en los grupos de redes sociales que nuclean a parte de los damnificados- generó una fuerte alarma entre el grupo de más de 900 compradores y adherentes que vienen litigando desde la parálisis del proyecto en 2014, ya que abre el interrogante sobre la eventual insolvencia de la entidad para hacer frente a la ola de fallos judiciales en su contra.
Cuentas sin saldo y embargos en lista de espera
Los documentos judiciales exponen la imposibilidad del sistema bancario para retener los montos exigidos por los tribunales en las demandas iniciadas por los damnificados:
- Oficio del 4 de junio: Ante un embargo ordenado por el juzgado hasta alcanzar las sumas de $27.000.000 y USD 18.641,65, el Banco Provincia informó que únicamente logró retener $4.526.859,65 y USD 6.201,49. La diferencia debió quedar anotada «a la espera de captar futuros depósitos».
- Oficio del 16 de septiembre: Ante un nuevo requerimiento cautelar sobre montos de $30.000.000 y USD 25.184,47, la entidad bancaria notificó la imposibilidad directa de trabar la retención. La respuesta oficial señaló que el demandado posee «embargos preexistentes al presente requerimiento los cuales deben ser cumplimentados con anterioridad al mismo».
Esta situación crea un «cuello de botella» financiero donde las órdenes judiciales que llegan más tarde quedan automáticamente postergadas en una fila de cobro a la espera de fondos que no ingresan.
Malestar entre los frentistas y división por las estrategias legales
A más de una década del colapso del megaemprendimiento inmobiliario, la causa judicial acumula más de 200 litigios promovidos por distintos patrocinios letrados, con una cincuentena de sentencias de primera instancia confirmadas por la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.
El freno en la cobrabilidad de los embargos reavivó la polémica y las diferencias internas entre los propios damnificados. Mientras un sector optó por aceptar transacciones y arreglos extrajudiciales por montos reducidos para cerrar el conflicto, los ahorristas que decidieron continuar las acciones judiciales para exigir la restitución íntegra de sus aportes e indemnizaciones se enfrentan hoy a la dificultad de ejecutar efectivamente los cobros ganados en tribunales.
Ante la falta de liquidez en las cuentas de la fiduciaria, los referentes de las familias afectadas exigen respuestas urgentes sobre el destino de las garantías y el rol de la entidad bancaria en el cumplimiento de los compromisos judiciales asumidos.
