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sábado, febrero 4, 2023
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Después de más de 28 años, comienzan a juzgar a siete expolicías por la Masacre de Wilde

El juicio oral y público por la denominada «Masacre de Wilde», un emblemático caso de «gatillo fácil» ocurrido en 1994, en el que cuatro inocentes fueron asesinados por efectivos que los confundieron con delincuentes en esa localidad bonaerense, comenzará el próximo lunes en los Tribunales de Lomas de Zamora y la viuda de una de las víctimas exigió que sea un debate «justo» y que a todos los acusados les den prisión «perpetua». Por Matías Berges.

El debate dará inicio a las 9 en dicha sede ubicada en Presidente Perón 2463 -ex Camino Negro- y estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3, conformado por los jueces Marcelo Hugo Dellature, Luis Miguel Gabián y Claudio Fernández.

Luego de los alegatos de apertura de las partes, se dará paso a los primeros testigos, que serán Raquel Gazzanego y Patricia Corbo, viudas de Edgardo Cicutín y Norberto Corbo, respectivamente; Claudio Díaz, el único sobreviviente de la masacre; y los policías que realizaron las actuaciones iniciales en la escena.

El juicio comenzará casi un año después de la audiencia preliminar, en la cual la fiscal que estuvo a cargo de la acusación, Viviana Simón; los abogados de las cuatro víctimas y los defensores particulares y oficiales de los nueve imputados detallaron el procedimiento de presentación de pruebas.

Los procesados que llegan a juicio son los excomisarios Roberto Mantel y Eduardo Gómez, los exoficiales Osvaldo Lorenzón, los exsubtenientes Marciano González y Pablo Dudek, los exoficiales Julio Gatto y Marcelo Valenga, y el excabo Marcos Rodríguez, todos en libertad.

Por otro lado, también se encuentra imputado el exsubteniente Marciano González, quien sufrió un ACV hace poco más de un año y aún resta que se entregue una pericia médica que indique si está en condiciones o no de afrontar el juicio, informaron a Télam fuentes judiciales.

En tanto, el excabo Rodríguez permaneció prófugo 20 años y luego de ser detenido en 2014 en la provincia de Córdoba tras una investigación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), estuvo bajo arresto domiciliario y fue excarcelado en marzo pasado.

En el debate, que fue pospuesto por la pandemia del coronavirus, los acusados deberán responder por los delitos de cuádruple homicidio simple y un homicidio simple en grado de tentativa, ya que una de las víctimas (Díaz) sobrevivió.

Fuentes judiciales informaron a Télam que el TOC 3 fijó dos semanas de audiencias, a realizarse de lunes a viernes, en un debate en el cual se prevé que declaren alrededor de 200 testigos

Gazzanego, viuda del vendedor de libros Cicutín, dialogó con Télam y señaló que tiene expectativas de que «sea un juicio justo, como primera medida», y que su «deseo es que a todos les den cadena perpetua».

«Teniendo en cuenta que no solamente serían condenados por la muerte de Edgardo, sino también por la muerte de Norberto Corbo (el remisero) e incluso por la muerte de (Enrique) Bielsa y (Claudio) Mendoza, los ocupantes del auto. Ya que ellos (los imputados) integraban la banda delictiva que estaba conformada ahí dentro de la Brigada de Lanús», aseguró la mujer.

En cuanto a la demora transcurrida para llevar a cabo el juicio, Raquel dijo que es «una convencida de que todo llega, más tarde o más temprano» y que «la justicia llega, la verdad, siempre a la corta o a la larga, sale a la luz, hay que esperar, nada más».

Por otro lado, destacó «la labor del juez Gabriel Vitale, al haber podido agarrar la papa caliente después de que la Suprema Corte de Justicia mandó a investigar nuevamente la causa».

En ese sentido, añadió que por orden de Vitale se logró la captura del último detenido en 2014 en Córdoba, luego de que ella descubriera que había cambiado su domicilio de Tigre al revisar «los padrones electorales cada vez que había una votación».

«Quiero que esto salga a la luz, que esto se termine y que esto se termine con justa justicia», concluyó Raquel.

La «Masacre de Wilde» ocurrió el 10 de enero de 1994 y tuvo como víctimas al remisero Corbo y a sus pasajeros, Mendoza y Bielsa, quienes viajaban a bordo de un Peugeot 505, y al vendedor de libros Cicutín, que se trasladaba en un Dodge 1500, conducido por Díaz, el único que sobrevivió al ataque.

Los cinco fueron atacados a tiros por efectivos de la Brigada de Investigaciones de Lanús que al parecer los confundieron con delincuentes y les dispararon cerca de 200 veces.

Todos los exefectivos afrontan cargos por los delitos de «cuádruple homicidio simple y un homicidio simple en grado de tentativa», por la única víctima del ataque que sobrevivió.

De acuerdo a los peritajes, los vehículos involucrados y las víctimas recibieron unos 200 impactos de bala calibre 9 milímetros disparados con pistolas y al menos un subfusil Uzi.

En principio, los policías que intervinieron en el hecho fueron detenidos, aunque la Cámara de Apelaciones y Garantías los sobreseyó y liberó.

Además de quienes ahora van a juicio, estaban imputados el comisario César Córdoba, Carlos Saladino y Hugo Reyes, (ya fallecidos), todos integrantes de la brigada cuyo subjefe era el entonces comisario y actual abogado Juan José Ribelli, procesado y luego absuelto por el atentado a la AMIA y quien no estaba en el país cuando ocurrió el hecho.

Tras apelaciones de familiares de las víctimas, en 2003 y en 2007 volvieron a ser sobreseídos por la misma medida.

No obstante, la causa siguió su curso hasta la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que en 2013 ordenó reabrir el expediente y anular los sobreseimientos al sostener que «aun cuando se considerase que el cuádruple homicidio investigado no configura un delito de lesa humanidad, es indudable que sí constituyó una gravísima violación de los derechos humanos».

El abogado Ciro Annicchiarico, representante de Gazzanego y de sus dos hijos, explicó a Télam que la dilación a la hora de llevar a cabo el juicio ocurrió ya que, conforme al nuevo código penal, el juez Vitale debió “correr traslado a las partes” para que ofrezcan “prueba”.

“A partir de ahí (los defensores de los imputados) empezaron a meter recursos de nulidad, de prescripción, de apelación ante la Corte, ante la Cámara de Casación, ante la Corte de la Nación, todas les salieron mal y las perdieron, porque dijeron: ‘No señores, es una grave violación de derechos humanos, la investigación está terminada, tiene que haber juicio’”, concluyó el letrado.

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