Una movilización militante encabezada por el intendente de Lanús, Julián Álvarez, generó una encendida controversia política en las últimas horas. El jefe comunal y referentes locales de La Cámpora se trasladaron el jueves pasado hasta las puertas del edificio de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde cumple su rutina la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, para realizar una puesta en escena en reclamo de su postulación hacia 2027.
El acto incluyó la instalación de un escenario callejero con una urna gigante y la simulación de una mesa de sufragio. Durante la dinámica, militantes e integrantes del espacio actuaron como fiscales de mesa y vecinos hicieron fila para emitir simbólicamente su voto en favor de la exmandataria. Toda la escenografía estuvo rodeada por cartelería oficial e insignias que vinculaban directamente al municipio con la consigna: «Lanús quiere votar a Cristina Presidenta 2027».
La jornada concluyó cuando la propia Cristina Kirchner salió al balcón a saludar a la columna de manifestantes que cortaba la calle. Poco después, el propio intendente Álvarez difundió el video en sus redes sociales acompañado por la frase: «Traigan las URNAS, y déjennos VOTAR a CRISTINA».
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La reacción de la oposición
La publicación del jefe comunal activó una ola de repudios y cuestionamientos por parte de dirigentes opositores y vecinos del distrito. El eje del reclamo se centró en el posible uso de fondos e infraestructura pública del municipio de Lanús para financiar actos de militancia partidaria fuera del distrito.
«¿Los impuestos de los vecinos financiaron esta puesta en escena?», fue una de las principales críticas que se viralizaron tras la difusión del material audiovisual. Desde sectores de la oposición local exigieron explicaciones oficiales sobre si se utilizaron vehículos, logística o personal de la comuna para llevar a cabo la intervención teatral y el despliegue de la cartelería en la Ciudad de Buenos Aires.
Por su parte, desde el entorno del intendente sostienen que se trató de un acto de adhesión política espontáneo de la militancia frente a lo que consideran la «proscripción» judicial de la expresidenta.
