La Cámara de Apelaciones ordenó la disolución de la sociedad de hecho que administra el colegio a partir del 31 de diciembre de 2026. Sus directivos agotan las vías judiciales y apelan al apoyo del Municipio, la Provincia y gremios para evitar el cierre de un emblema educativo que da trabajo a más de 130 personas.
Por: Sebastián «Tecla» Farias
Una de las instituciones educativas más tradicionales de la localidad de 9 de Abril, en Esteban Echeverría, atraviesa momentos definitorios. El Instituto Almafuerte -Restelli al 1500-, que imparte educación a más de 1.400 estudiantes en los niveles Inicial, Primario y Secundario, enfrenta una orden de disolución judicial fijada para el 31 de diciembre de 2026, lo que pone en vilo la continuidad de la comunidad escolar y el sustento de más de 130 trabajadores entre docentes, administrativos y personal de maestranza.
La historia del Almafuerte se remonta a 1960, cuando fue fundado por el matrimonio de educadores Domingo Antonio Francisco Motta y Carmen Fernández Veiga. Décadas más tarde, la posta la continuaron, constituidos como una sociedad de hecho (S.H.), su hija María del Carmen Motta, Ana María Falzarano y Orlando Antonio Pintos.
Sin embargo, según averiguó Data Conubano, el origen del litigio actual se remonta a poco más de una década atrás, tras el fallecimiento de Pintos. A partir de allí, sus herederos iniciaron una demanda judicial solicitando la disolución y liquidación de la sociedad.
La marcha del expediente: de la primera instancia a la Cámara
El caso dio un giro determinante en los tribunales en los últimos dos años. A mediados de 2024, el Juez de primera instancia rechazó el reclamo de los herederos del excopropietario, dictamen que en ese momento garantizaba la continuidad del establecimiento. Sin embargo, tras la apelación de la parte demandante, la Cámara de Apelaciones revocó el fallo de origen y dispuso el cese de la sociedad de hecho con fecha límite al último día de 2026.
«Desde entonces, los responsables del Instituto estamos dedicando todos nuestros esfuerzos, dentro y fuera de los tribunales, para mantener en funcionamiento la institución en sus tres niveles, tanto para que los 1.400 alumnos sigan teniendo educación de calidad, como para que la enorme cantidad de familias que desempeñan funciones en el Instituto puedan conservar su fuente de trabajo», explicaron desde la conducción del Almafuerte.
Gestiones ante el Municipio, la Provincia y los gremios
Ante el inminente plazo fijado por la Justicia, las autoridades del colegio iniciaron una ronda de contactos institucionales y diplomáticos para buscar una figura o alternativa legal que resguarde el servicio educativo en 9 de Abril, una comunidad donde la mayoría de los matriculados provienen de familias trabajadoras y de sectores vulnerables.
Según informaron a Data Conurbano, ya se han trasladado reuniones e inquietudes a la Dirección Nacional de Educación Pública de Gestión Privada, la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) bonaerense, el Ministerio de Educación provincial, la Intendencia de Esteban Echeverría y las entidades gremiales del sector docente y no docente.
«Todos ellos nos han expresado su preocupación y vocación de ayuda por lo que está ocurriendo con el Instituto», remarcaron a este medio desde el Almafuerte, al tiempo que confirmaron que se están «impulsando todas las alternativas judiciales» posibles para revertir o superar el fallo y asegurar que las aulas continúen abiertas a partir de 2027.
