
La FeSiMuBo activó protestas en las rutas 6 y 205 para exigir subas salariales, el fin de la precarización y la reapertura del Consejo del Empleo Municipal. Advierten con denunciar penalmente al Ministerio de Trabajo bonaerense.
La Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FeSiMuBo), conducida por Hernán Doval, puso en marcha este lunes 31 de agosto un plan de lucha de alcance provincial. La primera acción directa se sintió con fuerza en el cruce de las rutas 6 y 205, a la altura del partido de Cañuelas, un punto neurálgico para el transporte de cargas que conecta los puertos de Campana y La Plata con el Mercado Central y el interior bonaerense.
El bloqueo fue protagonizado por sindicatos de las regionales Centro y Conurbano Oeste, marcando el inicio de una estrategia que desde la conducción gremial calificaron como un plan «total, permanente y prolongado». Las medidas, según anticiparon, no se limitarán a los métodos tradicionales del sindicalismo, sino que incluirán acciones sorpresivas descentralizadas en distintas regiones del territorio provincial.
Salarios, precarización y el eje del conflicto
El trasfondo del reclamo combina una aguda situación socioeconómica en los distritos con demandas institucionales pendientes:
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Sueldos e informalidad: Desde el gremio denunciaron que en varios municipios bonaerenses existen salarios por debajo de la línea de indigencia, sumado al avance de la precarización laboral mediante contrataciones bajo la figura de monotributo y becas.
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El Consejo del Empleo Municipal: La FeSiMuBo exige que la cartera laboral bonaerense convoque formalmente al Consejo del Empleo Municipal, una herramienta contemplada en la Ley 14.656 para discutir salarios y condiciones de trabajo en el ámbito local.
Fuerte tensión con el Ministerio de Trabajo
El reclamo incluye una dura embestida contra las autoridades del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Desde la federación recordaron que la convocatoria al Consejo fue anunciada hace cuatro años y ratificada tras un compromiso entre Doval y el gobernador Axel Kicillof para concretarse antes del cierre de 2025, meta que aún no se cumplió.
Además, desde la FeSiMuBo acusaron a los funcionarios de «mala fe» por intentar alterar las reglas de representatividad que fija la ley para las organizaciones de segundo grado. En ese marco, advirtieron que evalúan formular denuncias penales por abuso de autoridad y mal desempeño de los deberes de funcionario público contra el ministro de Trabajo y los responsables de firmar los actos administrativos de la convocatoria.
El conflicto suma un componente político sensible: la Ley 14.656, impulsada por la propia federación, fue redactada y presentada por Doval durante su gestión como diputado provincial en 2014. Con el inicio de estas medidas de fuerza en arterias clave para la producción, el frente municipal amenaza con convertirse en un nuevo foco de tensión prolongado para la gestión bonaerense.



































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