El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) presentó una reclamo administrativo contra el Ministerio de Infraestructura bonaerense. Denuncian que la medida viola un fallo judicial vigente, carece de aval legislativo y constituye una «triple imposición tributaria» en un contexto económico crítico.
A pocos días de haberse implementado el cobro de peaje en la Ruta Provincial 6, el conflicto legal y social no tardó en estallar. El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) intimó formalmente al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, a suspender el cobro de tarifas en dicha autovía y retrotraer las medidas adoptadas.
La presentación fue efectuada por Jorge Zatloukal, director ejecutivo del CONADUV, con el patrocinio legal de la abogada Julieta Ripoli, responsable del área jurídica de la entidad.
Impugnación a los aumentos y conflicto de intereses
El reclamo exige la inmediata abstención del cobro de peaje y la suspensión de los efectos de las recientes Resoluciones 475 y 767. Asimismo, solicita revisar el mecanismo de actualización trimestral automática y la recomposición adicional del 23,81 % aplicada en las estaciones de San Vicente, Las Heras y Cardales.
Uno de los puntos centrales de la denuncia radica en que la Provincia de Buenos Aires actúa como «juez y parte»:
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Falta de ente regulador independiente: Se vulnera el artículo 42 de la Constitución Nacional.
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Superposición de roles: El Estado bonaerense concede la explotación vial, aprueba las tarifas, debe fiscalizar el servicio y, al mismo tiempo, controla a AUBASA, la empresa estatal beneficiaria de los incrementos.
«¿Quién controla el aumento cuando quien lo autoriza también controla a quien lo cobra? La impugnación exige una evaluación independiente de las propuestas de AUBASA y mayores garantías de transparencia, ética pública y rendición de cuentas. El interés financiero de la empresa no puede confundirse con el interés público», cuestionó la abogada Julieta Ripoli.
Un fallo judicial vigente que prohíbe el cobro
Desde el CONADUV remarcaron que la medida desconoce un antecedente judicial firme. Zatloukal se remitió a una resolución dictada por el exjuez Luis Arias en 2017:
«Está vigente el fallo que ordenó a la empresa Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) a que se abstenga de cobrar tarifa alguna por peaje a los usuarios de la autovía Ruta Provincial N° 6 sin expresa habilitación legislativa y audiencia pública previa«, sostuvo Jorge Zatloukal.
Además, la entidad denunció que los incrementos no cuentan con una justificación sobre costos reales, obras de infraestructura, mantenimiento o calidad del servicio, exigiendo conocer los aportes presupuestarios para verificar que no se estén financiando gastos ya cubiertos con recursos públicos.
Inconstitucionalidad y «triple imposición tributaria»
Por su parte, Ricardo Lasca, integrante del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos (CADIA) y coordinador general del CONADUV, advirtió sobre el impacto económico de la medida sobre los productores y vecinos que transitan a diario la traza.
«Esperamos no tener que recurrir a la Justicia, confiando en que tanto el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires como el Ministro de Infraestructura hagan lugar a nuestro reclamo. Estamos frente a una triple imposición tributaria y sin caminos alternativos libres de pago, lo cual hace que este peaje sea claramente inconstitucional«, sentenció Ricardo Lasca.
El organismo aguarda una respuesta oficial del Gabinete provincial antes de avanzar con nuevas medidas de acción legal en los tribunales bonaerenses.
