La iniciativa, impulsada por el diputado Facundo Tignanelli, propone la creación de un Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores. La propuesta establece una instancia prejudicial obligatoria para frenar abusos, reestructurar deudas y defender a las familias bonaerenses.
En un contexto signado por el incremento de las dificultades financieras que atraviesan los hogares de la provincia de Buenos Aires, se presentó un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para que la Defensoría del Pueblo intervenga directamente en la ayuda y contención de personas sobreendeudadas.
La iniciativa fue presentada por el diputado Facundo Tignanelli y plantea la creación del Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores. El proyecto prevé que el organismo que conduce Guido Lorenzino no solo ofrezca atención integral y gratuita de casos, sino que también actúe como una instancia prejudicial obligatoria destinada a facilitar la reestructuración de pasivos y poner freno a las prácticas abusivas de financieras, agencias de cobro y plataformas digitales.
“Apuntamos a ganar escala en la negociación colectiva para las y los bonaerenses que están desesperados, y poner la negociación en criterios de proporcionalidad y racionalidad frente a la mala fe de muchos acreedores”, expresó Lorenzino respecto al alcance de la medida.
El defensor del Pueblo remarcó la importancia de alcanzar equilibrios sin maltrato al usuario: “Buscamos ser justos para las dos partes, mediante negociaciones que se realicen de la forma más fácil y práctica, y pidiendo dejar de lado la hostilidad y el maltrato que sufren las personas que se encuentran en esta situación”.
Por su parte, el diputado Tignanelli enfatizó la necesidad de una presencia estatal activa ante la asimetría de poder entre las partes: “Buscamos que el Estado pueda igualar el poder que tienen las empresas, por eso pensamos en este mecanismo de negociación colectiva de las deudas. El modelo económico actual generó un nivel de endeudamiento como nunca se vio y tenemos que pensar en todas las estrategias posibles para ayudar a las personas”.
Un abordaje integral frente a las deudas
El proyecto propone romper con la lógica habitual de negociar cada acreencia de forma aislada. En su lugar, plantea analizar la situación económica integral de la persona y su grupo familiar, evitando que el cumplimiento de un acuerdo con un acreedor impida responder a las demás obligaciones de subsistencia.
Entre los puntos más destacados, la norma establece que los acreedores tendrán la obligación de participar y colaborar en el proceso. La incomparecencia, la falta de respuesta, la negativa injustificada a brindar información, la presentación de datos falsos o el uso de maniobras dilatorias serán considerados incumplimientos graves a la ley.
Principales objetivos del proyecto
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Regularización y sostenibilidad: Facilitar la regularización de deudas promoviendo soluciones acordes a la capacidad económica real de cada deudor y preservando las condiciones de subsistencia del hogar.
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Freno a los abusos: Prevenir el crecimiento desproporcionado de intereses, gastos, comisiones y cargos, así como garantizar condiciones dignas, transparentes y no vejatorias en la cobranza.
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Prevención crediticia: Frenar prácticas abusivas en la concesión, administración y ejecución de créditos.
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Desjudicialización: Fomentar el cumplimiento posible de las obligaciones y disminuir la litigiosidad en los tribunales bonaerenses.
De transformarse en ley, la mediación y el asesoramiento gratuito por parte de la Defensoría del Pueblo se convertirán en un paso previo obligatorio antes de que cualquier reclamo crediticio contra un consumidor bonaerense pueda derivar en la vía judicial.
