A raíz del reciente accidente en Pinamar, Marcelo Pagano —dirigente de la Mesa de Comercio e Industria del Grupo Pueyrredón— analiza la ineficacia de las prohibiciones como respuesta estatal. El autor propone abandonar la reacción ante la emergencia para pasar a una gestión profesional basada en el teamlancing, donde el orden, el control técnico y el trabajo colaborativo reemplacen a la improvisación.
El accidente ocurrido en Pinamar, que tuvo como protagonista a Bastián, vuelve a poner sobre la mesa una discusión que no es nueva, pero sí urgente. Más allá del impacto lógico que genera un hecho así, la pregunta de fondo es si estamos gestionando los riesgos de manera inteligente o si seguimos reaccionando cuando el problema ya estalló.
Cada vez que surge un conflicto vinculado al uso de UTV, cuatriciclos u otras actividades recreativas, la respuesta suele ser rápida y conocida: prohibir. Pero el problema no es el uso en sí, sino la falta de reglas claras, capacitación, controles técnicos, seguros adecuados y responsabilidades bien definidas. Cuando no hay datos, registros ni criterios técnicos compartidos, el riesgo se vuelve invisible… hasta que ocurre un accidente.
La historia demuestra que prohibir no siempre corrige conductas. La Ley Seca no terminó con el alcoholismo: lo empujó a la clandestinidad y abrió la puerta a la corrupción. Con la seguridad pasa algo parecido. Apagar una actividad no la hace más segura; solo la desordena y la vuelve más difícil de controlar.
En otros ámbitos —como la náutica, el esquí o el transporte— el camino fue distinto: profesionalizar. Licencias claras, formación específica, verificación técnica y un Estado que guía y controla. Nadie discute esas reglas porque se entiende que están para cuidar la vida propia y la de terceros.
Acá aparece una oportunidad interesante si cambiamos la lógica tradicional de gestión. En la actividad privada viene creciendo un modelo de trabajo llamado teamlancing: equipos interdisciplinarios que se arman por conocimiento, experiencia y objetivos concretos, no por jerarquías rígidas ni egos personales. Técnicos, ingenieros, aseguradoras, prestadores de servicios, municipios y usuarios trabajando juntos, cada uno desde su rol, pero con una mirada común.
Aplicado a este tema, el enfoque podría ser claro: equipos técnicos que definan condiciones mínimas de seguridad; especialistas en seguros que ajusten coberturas al riesgo real; municipios que registren, midan y controlen; prestadores que profesionalicen la actividad; y usuarios que accedan a capacitación básica antes de conducir. Todo integrado en un sistema simple, medible y con mejora continua.
Si la política incorporara más esta lógica de trabajo colaborativo, muchas decisiones serían mejores y más sostenibles. Se reduciría la improvisación, se limitaría la influencia de los egos y se ganaría en gobernabilidad. Gobernar no es saberlo todo, es saber armar equipos.
El accidente de Bastián no debería empujarnos a cerrar actividades ni debates, sino a abrirlos con responsabilidad. Ordenar no es prohibir. Ordenar es pensar, medir y construir reglas claras para que el disfrute, el trabajo y la seguridad puedan convivir. Ese es el desafío que vale la pena encarar.
