La política argentina ha decidido abrir, una vez más, una de sus cajas de Pandora más sensibles: la baja de la edad de imputabilidad. Con la oficialización del proyecto de Ley Penal Juvenil para las sesiones extraordinarias, el Gobierno nacional busca canalizar el reclamo social tras el brutal asesinato de Jeremías Monzón. Sin embargo, la discusión técnica revela que estamos ante un problema que excede lo puramente legal.
Por: Sebastián «Tecla» Farias
Uno de los puntos de mayor fricción en el Congreso será el análisis estadístico. Según datos del Sistema Nacional de Información Criminal, los delitos graves (como homicidios) cometidos por menores de 16 años representan un porcentaje marginal del total de delitos anuales.
Quienes se oponen a la baja argumentan que legislar basándose en «casos testigo» —por más atroces que sean— es un error metodológico. Sostienen que el impacto real en la seguridad pública será nulo si no se ataca el crimen organizado. Por el contrario, los impulsores del proyecto señalan que, aunque el porcentaje sea bajo, la crueldad y la frecuencia de la participación juvenil en delitos violentos ha crecido en zonas calientes, donde el vacío legal funciona como una «zona liberada» para que las bandas recluten menores.
El perfil psicosocial
El debate también se traslada al terreno de la psicología y la neurociencia. Aquí, las posiciones son igual de divergentes:
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La autonomía de la voluntad: El argumento oficial sostiene que el joven de hoy tiene un acceso a la información y una comprensión del entorno muy superior a las generaciones de hace 40 años. «Si pueden votar y decidir su identidad, comprenden el valor de la vida», es la premisa.
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El entorno como determinante: Los peritos que trabajan en territorio advierten que el perfil del menor en conflicto con la ley suele estar marcado por una «madurez selectiva». Son jóvenes con un desarrollo cognitivo incompleto, vulnerables al consumo de sustancias y a menudo provenientes de hogares desarticulados. En este contexto, el menor no actúa con plena libertad, sino como el eslabón más débil de una cadena de exclusión.
Un debate que debe ir al fondo
El caso de Jeremías Monzón, asesinado por jóvenes que filmaron el hecho, nos obliga a mirar el abismo. El Gobierno propone el castigo como respuesta inmediata. El desafío del Congreso será determinar si esta ley es una herramienta de justicia real o simplemente un parche punitivo.
¿Es la cárcel la respuesta para un chico de 13 años? ¿O es la falta de sanción lo que permite que las bandas criminales los utilicen como «soldaditos»? El sistema actual parece haber fallado en ambos extremos: no protege a la sociedad ni recupera al joven.
El interrogante queda abierto: ¿Estamos preparados para reformar no solo la edad, sino todo el sistema de recuperación juvenil (infraestructura, educación y salud mental), o solo estamos buscando dónde encerrar el problema?
