La denominada Red de Políticas Públicas, una organización no gubernamental que desarrolló el Programa para el Control Ético de la Fauna Urbana, advierten que Ezeiza es uno de los municipios que incumplen la ley bonaerense 13.879, que los obliga a controlar la fauna urbana, y también remarcan la «resistencia» que observan en el Colegio de Veterinarios de Buenos Aires para profundizar esta política sanitaria en el distrito.
«Hace 15 años que Zoonosis funciona mal y hace tres meses que está cerrado y, por lo tanto, no está cumpliendo con la ley en cuanto a vacunar y castrar a todos los animales del municipio, tengan dueño o vivan en la calle», explicó a la agencia Télam, Carolina Basso, representante de la ONG en ese partido.
«En Ezeiza tenemos que estar castrando 70 animales por día. Nos vimos obligados los vecinos a organizar campañas masivas a bajo costo. Es increíble la cantidad de animales que hay en la calle y en los refugios», describió.
La proteccionista precisó que pidieron «en distintas oportunidades y por distintos medios que se regularice» el servicio y alertó que el año pasado en Ezeiza hubo un caso de rabia en un gato mordido por un murciélago.
«Estamos pidiendo que cumplan las castraciones conjuntamente con la vacunación antirrábica, es el único método efectivo; de nada sirve vacunar si no castramos. Y que se hagan operativos de castración y vacunación para la gente que no se puede trasladar», insistió.
En ese sentido, Nicolás Rochas, legislador provincial de Río Negro por el Frente Renovador y referente de la Red en la provincia, consideró que «este programa es inversión porque reduce la inversión en salud pública; es exitoso, así que redunda en votos», lo que para «un político debería ser importante».
Sin embargo, desde la Red denuncian que el plan tiene a los colegios de veterinarios como los principales y casi únicos detractores.
«El Colegio de Veterinarios de la provincia llegó a pedir formalmente al Gobierno que ordenara el cierre del Departamento de Zoonosis. Es como que los médicos pidieran el cierre de los hospitales municipales. Está bien que los colegios se ocupen de los derechos de sus integrantes, pero no pueden interferir con un programa de salud pública», explicó la abogada Graciela Fayt, asesora legal de la organización, redactora del modelo de ordenanza que aplican varios municipios y referente de la institución en Vicente López.
Según Carolina Basso, «es un negocio que haya perros en la calle», ya que los proteccionistas gastan en las veterinarias el valor de casi un sueldo por mes.
Además, «a ellos los perjudica que organicemos campañas a bajo costo, mientras que en las veterinarias cobran entre 5 mil y 8 mil pesos por castración», argumentó.
«Los veterinarios pueden sentirse afectados, pero ninguno se fundió. Al contrario, cuando la sociedad comienza a comprender la importancia del cuidado se jerarquiza el rol del veterinario», resaltó, Rochas.
Al respecto, el intendente de Saladillo remarcó que «el Estado, en esta tarea no está reemplazando a un profesional, sino que está resolviendo un problema», porque «una cosa es atender a una mascota en un consultorio y otra controlar a los que están en la calle».
Frente a todos los argumentos en contra, Fayt sostuvo que, «si los municipios hubieran cumplido con la ley, no se estaría viviendo este drama de los casos de rabia y otras enfermedades».
«La mayoría incumple la norma. Porque si no se castra con un número mínimo determinado no hay impacto y por lo tanto no se cumple la ley. La solución es muy fácil, pero requiere de decisión política», alertó.
