Se trata de una solicitud enmarcada en una campaña federal para apuntalar a un sector del cual el 70% prevé el quiebre de su empresa. “Estamos atravesando un problema generalizado y va a ser muy difícil de reactivar si no llega la ayuda necesaria.”
“Sobrevivimos en el día a día, cumpliendo solo para la compra de mercadería, el plus para algunos empleados y nada más. Le está pasando a muchos: de persistir esta situación, cerrarán nevitablemene varios negocios”, indicó a Data Conurbano Sandra, una de las encargadas de Piú Ristorante, clásico gastronómico Pyme de más de 30 años de historia en Monte Grande, Esteban Echeverría, entidad que adhiere al pedido de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica (FEHGRA) que apunta a que el Gobierno Nacional apure una Ley de Emergencia Económica para el sector.
“Es dramática la situación para todos, eso está claro. Es necesaria la ayuda del Estado y por eso pedimos que se le preste atención a estos rubros que emplean a 650 mil personas. El problema es atravesar esta pandemia, pero también es el día después, llegar a poder reabrir, siendo que hay rojos que cubrir.”
Como datos, la pandemia de Covid-19 afecta a 650.000 puestos de trabajos del sector, siendo que un 65% de los empresarios hoteleros y el 75% de los gastronómicos “prevén el quiebre”.
Es en este sentido que Piú de Monte Grande es una de las Pymes que palancan esta Ley de Emergencia que consiste en: la generación de un Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) para todas las empresas sin distinción de cantidad de empleados, hasta tanto se retome la actividad normal y habitual; eliminación de todas las contribuciones patronales por el mismo periodo; reducción de tarifas de servicios públicos; créditos a tasa cero para capital de trabajo; reducción del IVA al 10,5 %; exención de IVA al turismo nacional; tomar a cuenta de ganancias el gasto en turismo; amplia moratoria que incluya el pago de todas las deudas generadas hasta el momento de la reapertura y suspensión de las ejecuciones fiscales; exención del impuesto a los créditos y débitos bancarios; y eliminación de las comisiones de tarjetas de crédito por 12 meses luego de la apertura.
“Sabemos que gastronomía y hotelería es el sector al que le va a costar mucho reabrir a medida que se vaya recobrando cierta normalidad. No es que se levantará la cuarentena y la gente irá a comer como siempre lo hacía. Es algo que va a costar en todo sentido.”
Precisamente, Sandra ejemplificó que el comienzo de la pandemia de Covid-19, el pasado 20 de marzo, fue a la altura del mes en el que administrativamente en lo gastronómico, “se trabaja para el pago de los sueldos”.
“Al cerrar el 20 nos quedamos sin el cash correspondiente a los últimos 10 días de marzo. Para pagar sueldos tuvimos que pedir un crédito ya que no se aprobaba la ATP para nosotros. Conseguimos uno a cuentagotas al 24%. En mayo recién logramos la ATP, pero ese crédito hay que pagarlo. Es un rojo que se va sumando a otros.”
La realidad en los comercios gastronómicos hizo que muchos se reinventen y apuesten exclusivamente al servicio delivery, pero es solo una pequeña parte: “Estamos haciendo entregas de comidas. No es suficiente, cubrimos solo el 7% con el 20% del personal. Algunos cierran inevitablemente porque alquilan y se hace difícil”.
La campaña por una Ley de Emergencia para el sector buscará visibilizarse en modo masivo de forma virtual este jueves 2 de julio, cuando se profundice en la viralización de placas, fotos y videos dando cuenta la realidad de cada comercio.
