Se trata de una disposición que rige desde enero y a la cual el partido de izquierda puso el ojo. Se criticó el 60% de aumento promedio y el 89% de tasas municipales avellanedenses.
Con el comienzo del 2023 llegaron a los hogares de la provincia de Buenos Aires las boletas del ABL (Alumbrado, Barrido y Limpieza) y/o Tasa de Servicios Generales (TSG) con aumentos que promedian el 60% y, desde el Partido Obrero (PO) dispararon fuertes críticas a una situación económica particular que «no da para más» y a la cual los intendentes y concejales «aplican un zarpazo en un solo tramo para una inflación proyectada para todo el año, y se reservan futuros aumentos de superarse las previsiones oficiales».
«Es una máxima de todos los años, cuando comienzan a regir los aumentos en las tasas municipales votados en los Concejos Deliberantes de los municipios, en general dominados por los Ejecutivos locales», señalaron desde el PO a través de un comunicado.
Es en este sentido que desde el sector de izquierda apuntaron que los municipios «han tenido en cuenta la proyección inflacionaria oficial, vigente en el Presupuesto 2023, del 60%, con el agravante que en la mayoría de los casos se ha aplicado de un solo saque una inflación prevista para todo el año».
«Esto implica que las familias obreras deben asumir prematuramente el pago del aumento total de las tasas al tiempo que sus salarios evolucionan de a tramos escalonados, agregando una mayor presión económica sobre los trabajadores», razonaron.
Así, enumeraron el caso de los distritos de Ituzaingó (Frente de Todos) y Lanús (Juntos por el Cambio) cuales «ejemplifican esta situación», con subas del 60% en enero y “cláusulas gatillo” ante aumento superiores de la inflación. «Esta situación también se replica en los distritos de Lomas de Zamora, Florencio Varela y Quilmes, del conurbano sur y bajo gestiones del Frente de Todos, con reserva de futuros aumentos.»
Siguiendo esta línea, el PO disparó contera la “progresista” Avellaneda gobernada por el intendente Jorge Ferraresi, donde las tasas municipales ascendieron un 89%, «ubicándose entre las subas más altas».
«Mientras que en el numeroso distrito de La Matanza se aplica una segmentación en función de los servicios garantizados que promedia un 60% de aumento, con disminución en las calles de tierra y sin cloacas, donde solos e garantiza luz, a veces.»
«En algunos distritos se aplican tasas más altas a las zonas residenciales de mayor poder adquisitivo, pero con un piso del 60% (por lo general) para el conjunto de la población -continuaron desde el PO-. Este alza en las tasas se combina con exenciones, reducciones y privilegios para los capitalistas y negocios privados, como ocurre con los parques industriales o inversiones comerciales que son bonificadas, a pesar de que es donde más riqueza se produce y se acapara por parte de las patronales.»
Según se analizó, el aumento «intempestivo» tampoco garantiza una recomposición salarial de los trabajadores municipales, «que en su gran mayoría cobra migajas y que han recibido actualizaciones salariales por debajo de la inflación».
«Las cargas tributarias y las tasas municipales deben asignarse en la medida de los ingresos económicos de los destinatarios de forma progresiva, gravando las grandes fortunas y negocios capitalistas, y no condenando a los trabajadores. También, los ingresos provenientes deben servir para satisfacer las necesidades populares, partiendo de garantizar ingresos superiores a la canasta básica para todos los trabajadores municipales», concluyeron.
