
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena al exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, por la manipulación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC entre 2006 y 2007, durante el gobierno de Cristina Kirchner. La sentencia, impuesta por el Tribunal Oral Federal 2, estipula tres años de prisión condicional y seis años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.
El fallo fue ratificado por mayoría con los votos de Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, mientras que el juez Alejandro Slokar votó en disidencia. La única instancia pendiente para una posible revisión es la Corte Suprema de Justicia. De quedar firme la condena, Moreno quedará inhabilitado para ocupar cargos públicos.
Los fundamentos del fallo
La jueza Ledesma sostuvo que el tribunal oral evaluó con solidez las pruebas presentadas, destacando el “marcado interés” de Moreno en influir en el funcionamiento del INDEC, un organismo ajeno a su área de competencia.
Según la investigación, los técnicos del INDEC debieron adoptar medidas extraordinarias para proteger el secreto estadístico, debido a los constantes requerimientos y presiones ejercidas por Moreno. Además, el fallo subraya que el exfuncionario insistía en conocer la identidad de los informantes que suministraban datos sobre precios y las marcas relevadas para el IPC.
El fallo también resalta que, debido al clima de tensión, numerosos especialistas se alejaron del organismo, especialmente mujeres, quienes habrían sido las más afectadas por los destratos del exsecretario.
Moreno
Más allá del fallo judicial, la figura de Guillermo Moreno sigue generando debate en el ámbito político. Mientras sus críticos sostienen que sus métodos fueron autoritarios, sus defensores destacan su férrea postura contra los sectores especulativos y su compromiso con una economía nacional fuerte.
Moreno, a lo largo de su gestión, impulsó políticas de control de precios y defendió la producción nacional «frente a los embates del mercado internacional». Su enfoque, aunque polémico, «buscó proteger el bolsillo de los argentinos en tiempos de volatilidad económica», algo que hoy, ante nuevas crisis inflacionarias, cobra relevancia.