En la Argentina el empleo en negro es un problema endémico, siendo los trabajadores y los jubilados los más perjudicados. Los primeros, que son más del 40% del total de empleados, porque carecen de obra social, de seguro y de aportes jubilatorios. Los segundos, porque la falta de aportes desfinancia el sistema previsional determinando jubilaciones paupérrimas. Por: exdiputado bonaerense, Dardo Ottonelo.
En este tema, como en tantos otros, se continúa yendo de un extremo al otro y siempre con malos resultados.
Con la intención de combatir este flagelo social y económico, años atrás se sancionaron distintas leyes (24.013, 25.323, 25.345) que establecieron incrementos y adicionales indemnizatorios, genéricamente denominados “multas”. Su finalidad era castigar al empleador que no registraba a su empleado.
Si bien en algunos casos el trabajador se niega a ser registrado para no perder su plan social, la causa principal y habitual es la decisión del empleador de evitar las pesadísimas cargas sociales que representan un porcentaje muy grande del salario.
Pero esas multas, que multiplicaban por dos, tres o más veces las indemnizaciones por despido, resultaron tan exageradas que se convirtieron en un verdadero bumerang, provocando temor y retracción a tomar empleados.
El actual gobierno nacional, a través de la Ley de Bases, logró la derogación de aquellas multas, con lo cual pasamos del extremo de una protección excesiva al extremo opuesto de una absoluta desprotección.
Tan es así que en la actualidad el monto de la indemnización por despido del trabajador en negro será el mismo que para el empleado en blanco. La única diferencia -por cierto no menor- radica en que durante el tiempo que dure la relación laboral en negro, el empleador se “ahorrará” la totalidad de las cargas sociales.
Por estas razones considero que las modificaciones que impulsó el Gobierno Nacional no aportan ninguna solución al problema y, contrariamente al fin perseguido, habrán de incentivar la contratación de personal en negro.
