Cristina Fernández de Kirchner, en sus últimos discursos, nos dijo que la quieren presa o muerta, al igual que el 9 de diciembre de 2015, cuando con la Plaza de Mayo desbordada nos decían que no venían por ella, venían por nosotros, por el Pueblo. Por: Laura Berardo *.
El lunes pasado, hacia este 7 de septiembre, nos confirmó que sería candidata a diputada provincial por la 3ra sección electoral, con más de 5 millones de electores en la provincia de Buenos Aires, que representa el 48% del país, la sección más grande de la Argentina. El objetivo es representar y apoyar a la provincia, que junto al gobernador Axel Kicillof, resiste las políticas de ajuste de Milei.
A partir de esta decisión, el lawfare comenzó a operar en su máxima expresión. Periodistas como Feinmann, vocero de los grupos económicos concentrados, comunicacionales y de los referentes de las derechas de nuestro país, exigieron a la Corte Suprema de “Injusticia” una sentencia por la irregularísima causa de Vialidad.
El lawfare o “guerra judicial” es una estrategia de Estados Unidos promovida en Latinoamérica contra gobiernos populares. La unidad de grupos económicos, medios de comunicación y poder judicial persigue gobiernos nacionales que redistribuyen la riqueza: Lula preso en Brasil, Correa exiliado de Ecuador, Evo expulsado de Bolivia por un golpe militar, y Cristina no es la excepción.
Cristina Fernández de Kirchner, siempre elegida por el pueblo, ha sido diputada, senadora, presidenta y vicepresidenta con un promedio del 50% de los votos. En estos roles, realizó transformaciones estructurales que defendieron y dieron contenido a los principios del peronismo: Justicia Social, Independencia Económica y Soberanía Nacional.
Es la primera presidenta electa mujer, que dejó huellas indelebles en la vida cotidiana del Pueblo, con los mejores salarios de Latinoamérica, la AUH, las moratorias jubilatorias, y un sistema integral de seguridad social que garantizó inclusión a adultos mayores, jóvenes, mujeres, niños y niñas.
Junto a Néstor Kirchner, desendeudaron el país, promovieron la integración regional y soberana, el multilateralismo económico, potenciaron el mercado interno, el ascenso social, y con la obra pública conectaron todo el país.
La causa Vialidad está apelada en distintas instancias por irregularidades permanentes, incluyendo acusaciones sin pruebas contra Cristina Fernández de Kirchner y la totalidad de testigos eximiéndola de la causa.
El gobierno de Milei no quiere que las políticas de infraestructura estén en manos del Estado, sino que sean un negocio privado, ampliando capitales que luego fugan.
El Congreso Nacional no aprobó Ficha Limpia, y el último recurso de sus opositores es que la Corte Suprema de Justicia confirme una sentencia política de 6 años o más de cárcel e inhabilitación permanente a cargos políticos, favoreciendo a Clarín, La Nación, Magnetto, AEA, Macri, Milei y sus asociados.
Si la Corte Suprema confirma esta sentencia, fundadamente apelada, no solo se estaría condenando injustamente a Cristina Fernández de Kirchner, sino que se estaría proscribiendo la democracia que, durante 41 años, hemos construido y sostenido.
Gravísima situación institucional y política que como Pueblo democrático debemos rechazar y denunciar.
[*] Subsecretaria de Derechos Humanos del Municipio de Lomas de Zamora, referente de Unidos y Organizados, Coordinadora de la Comisión de Inclusión y Desarrollo del Instituto Patria.
