El referente de derechos humanos de Lomas de Zamora, Daniel Prassel, realizó un crudo diagnóstico sobre el impacto socioeconómico del Gobierno nacional, la escalada de la violencia de género en contextos de crisis, la proscripción judicial de Cristina Fernández de Kirchner y el tratamiento de la ley que flexibiliza la venta de tierras a extranjeros en el Senado.
En el marco de una coyuntura marcada por la tensión social y el debate legislativo, Daniel Prassel, referente de derechos humanos del municipio de Lomas de Zamora, analizó en profundidad las consecuencias de las políticas de ajuste implementadas por el Gobierno nacional durante los últimos tres años. Según el dirigente, las medidas socioeconómicas aplicadas deterioraron gravemente todos los indicadores vinculados a la vida en democracia, profundizando la violencia urbana, debilitando las instituciones republicanas y promoviendo un discurso agresivo que, según remarcó, parte desde la propia investidura presidencial y se replica en el resto de la sociedad.
Ajuste presupuestario y el avance de la violencia de género
Al abordar el entramado social, Prassel hizo especial hincapié en el reciente femicidio de Mailen, la joven de 24 años asesinada en la ciudad de Mar del Plata, como un síntoma directo del retiro del Estado y los recortes en áreas sensibles.
«Lamentablemente debemos despedir una piba más que, ante una necesidad de salir adelante, se acerca a una posible entrevista laboral y termina brutalmente asesinada».
El referente remarcó que en escenarios de fuerte ajuste socioeconómico es imposible revertir o mitigar las violencias contra las mujeres y disidencias. «En los escenarios de ajuste nunca vamos a poder mejorar este tipo de problemáticas, sino que por el contrario se van a agudizar y mucho», advirtió.
Lawfare, proscripción y la presentación de Cristina Fernández ante la ONU
En el plano político institucional, Prassel catalogó como un hecho de alta significación la reciente presentación judicial efectuada por los abogados de Cristina Fernández de Kirchner ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), solicitando el reconocimiento de sus derechos civiles y políticos consagrados en tratados internacionales con rango constitucional.
El dirigente remarcó que Fernández de Kirchner padece una proscripción política que se extiende desde hace más de un año, cuyo objetivo central es marginar a la principal dirigenta opositora a lo que calificó como un «modelo de saqueo y de entrega de la soberanía nacional».
| Ejes de la denuncia judicial y política |
| Pactos Internacionales: Pedido de restitución de derechos civiles y políticos ante el Comité de la ONU. |
| Vínculos judiciales: Denuncia de juicios amañados sin pruebas y parcialidad del Poder Judicial con el poder económico real. |
| Cerco mediático: Complicidad del aparato mediático para invisibilizar las evidencias de la defensa. |
| Paralelo regional: Comparación del proceso argentino con los casos de lawfare en Bolivia, Ecuador y Brasil (Lula da Silva). |
A su vez, Prassel encuadró estas maniobras judiciales dentro de un marco geopolítico regional: «Todo esto nos lleva lamentablemente a tener que hablar de un plan Cóndor reactualizado o novedoso que busca impedir que cada pueblo sea el artífice de su propio destino, llevándolos a una subordinación de las potencias imperialistas como intentaron hacerlo mediante el terror en la década del setenta».
Entrega de soberanía y la votación clave en el Senado
Finalmente, el referente de Lomas de Zamora llamó a poner en foco el debate que tendrá lugar el próximo 6 de agosto en el Senado de la Nación, donde se buscará aprobar la norma que flexibiliza la propiedad y venta de tierras a capitales transnacionales.
Prassel alertó que el proyecto pretende «regalar el patrimonio que le pertenece a cada uno de los argentinos y las argentinas», permitiendo que cualquier inversor extranjero adquiera bienes comunes estratégicos sin límites de extensión:
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Bienes naturales en riesgo: Cuerpos de agua, tierras en zonas de frontera, bosques nativos de alta biodiversidad y minerales estratégicos indispensables para el desarrollo nacional.
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Impacto distributivo: Los recursos que pasen a manos transnacionales dejarán de volcarse al bienestar del pueblo argentino.
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Ley de Inviolabilidad: «No hay que permitir que se vote esta supuesta ley de inviolabilidad de la propiedad privada porque en realidad es una ley para violar la propiedad que es de todos los argentinos», aseveró.
De cara a la votación en la Cámara Alta, el dirigente lanzó una amplia convocatoria a la ciudadanía a movilizarse al Congreso: «Humildemente, como parte del pueblo, invito a que cada uno que sienta que la patria merece ser defendida, que no se vende, que no se negocia, y que la tenemos que preservar para nuestras futuras generaciones, nos encontremos en un gran abrazo popular en la plaza este próximo jueves para defender lo nuestro».
