Ante lo que califica como un «incremento exponencial» de los hechos delictivos en el distrito, el bloque PRO (Yesica Argañaraz, Lucas Yacob) presentó un proyecto de ordenanza en el Honorable Concejo Deliberante para declarar la Emergencia en materia de Seguridad Pública en el ámbito del Partido de Avellaneda por un período de 90 días, prorrogable por un lapso igual.
La iniciativa surge como respuesta a la creciente preocupación vecinal por los delitos ocurridos en espacios públicos como calles, plazas, paradas de colectivos y accesos a viviendas, situaciones que el documento describe como un área de desprotección ante la mirada del Estado. En sus fundamentos, el proyecto advierte sobre la necesidad imperiosa de diseñar políticas públicas eficaces y destinar mayores recursos humanos, financieros y tecnológicos para mitigar este flagelo.
Al respecto, el concejal Yacob fue categórico sobre la urgencia de la medida:
“En Avellaneda es necesario declarar la emergencia en seguridad e intervenir el delito con fuerzas federales. El municipio y la provincia tienen que dejar de mirar para otro lado jugando a los policías con los cuidadores ciudadanos”.
Asimismo, remarcó el espíritu de la presentación al señalar que “hoy presentamos el proyecto en el Concejo Deliberante para que sea tratado; queremos vivir en una ciudad segura”.
Ejes principales de la propuesta
El proyecto de ordenanza encomienda al Departamento Ejecutivo Municipal la implementación urgente de una serie de medidas de prevención e intervención:
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Despliegue de Fuerzas Federales: Gestionar ante las autoridades nacionales el desembarco y patrullaje permanente de fuerzas como Gendarmería, Policía Federal y Prefectura Naval Argentina en coordinación con el municipio.
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Controles vehiculares coordinados: Articular tareas operativas de prevención e identificación de autos y motos de forma conjunta entre los Cuidadores Ciudadanos, personal de Tránsito municipal y las fuerzas provinciales y nacionales.
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Ampliación tecnológica: Profundizar la videovigilancia integral relocalizando cámaras en las zonas que registren mayores índices delictivos, e incorporar instrumental de monitoreo y botones antipánico para comercios.
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Atención y contención: Crear una línea telefónica de atención municipal exclusiva para emergencias delictivas que funcione de manera complementaria al 911, además de impulsar programas de prevención e intervención social.
Procedimientos de compra y cláusula de transparencia
Para agilizar las respuestas operativas, el proyecto faculta al Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias y a adquirir de forma directa —mediante un procedimiento abreviado de contratación— bienes y servicios esenciales como la mejora del alumbrado público y equipamiento para la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
No obstante, el proyecto fija una estricta cláusula de control legislativo y transparencia: el Municipio deberá remitir mensualmente al Concejo Deliberante un informe detallado con los actos administrativos, órdenes de compra, contrataciones y movimientos presupuestarios realizados, los cuales deberán publicarse en la web oficial comunal. De acuerdo al articulado propuesto, si el envío de este informe se demora más de diez días, la emergencia quedará suspendida de forma automática.
