La orden de desalojo del predio ocupado en la localidad de Guernica, resuelta por el juez de la causa, Martín Rizzo, continúa vigente para mañana miércoles a partir de las 10, mientras se sigue negociando una salida «sin violencia», con la asistencia de la Mesa de Articulación que integran organismos de la provincia de Buenos Aires y organizaciones barriales.
Según revelaron a Télam fuentes oficiales, hoy concluyó el censo realizado en el lugar, donde 1.904 personas respondieron a la encuesta, de las cuales 650 indicaron que son de Guernica y el resto pertenece a distritos cercanos. En el total, Almirante Brown, con 75 familias, es el segundo partido en cantidad de personas que ocupan los terrenos en forma ilegal.
Mientras el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés «Cuervo» Larroque, se reúne hoy con la intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero, para analizar los mecanismos de asistencia para la gente oriunda de Guernica, fuentes de la provincia indicaron que «se va a trabajar para reubicar» al resto de las personas (que no son oriundas de Guernica) «en otros distritos».
El desalojo tiene previsto realizarse mañana, en horas de la mañana, en un operativo que será comandado por el Ministerio de Seguridad bonaerense, aunque podría postergarse en el marco de las negociaciones que se realizan para trasladar a los ocupantes a otros lugares de la provincia.
Una fuente oficial indicó que se prevé que más de 500 policías intervengan en el desalojo de la tierras tomadas por unas 2.500 familias, mientras la Mesa de Articulación en la que intervienen organismos del gobierno provincial aguarda una audiencia con el juez de la causa para intentar establecer una prórroga en el desalojo.
La Mesa de Articulación para tratar la problemática de los terrenos en Guernica está compuesta por los ministerios de Desarrollo de la Comunidad, Seguridad, Justicia y Derechos Humanos; la subsecretaría de Hábitat de la Comunidad, la subsecretaría de Políticas Sociales y los organismos de la Niñez y Adolescencia.
También está la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, La Universidad Nacional de La Plata, y unos cien censistas del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.
El 8 de septiembre último, la Justicia penal de La Plata ordenó el desalojo de las tierras que fueron ocupadas en julio pasado.
La decisión fue adoptada por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantía en lo penal, que ratificó el fallo del juez de Garantías, Martín Rizzo.
Según la resolución judicial, «se podrá otorgar la facultad al agente fiscal de recurrir al auxilio de la fuerza pública», que deberá realizar el procedimiento «con el mayor cuidado de la integridad de las personas que ocupen el predio y de los bienes» y recurrir «al uso de la fuerza en caso en que resulte indispensable y en la menor medida posible».
Además, establece que «deberá ser necesaria la presencia del servicio de asistencia médica, ambulancia, internación y/o traslado de las personas y otros que se requieran».
La cámara estableció también que «deberá notificarse al asesor de menores e incapaces interviniente, al igual que a todos aquellos organismos provinciales cuya presencia se considere necesaria, en particular los encargados de activar protocolos referidos a la pandemia derivada del Covid-19».
En los últimos meses, la toma de las tierras, unas 15 hectáreas ubicadas en el fondo del barrio San Martín, habían provocado incidentes entre los ocupantes y algunos propietarios de campos cercanos que se acercaron al lugar para tratar de desalojar a las familias que allí se instalaron.
