Propone Martilleros BA crear un Régimen de Alquiler Social para reducir los costos de ingreso a la vivienda

(Izq a der) Alfredo Lavalle, José María Sacco, Luis Colao y Héctor Rubén Eslaiman.

El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires (Martilleros BA) presentó ante la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para la creación del Régimen de Alquiler Social, una iniciativa pensada para reducir drásticamente las barreras económicas y los gastos iniciales que enfrentan las familias de menores ingresos al momento de alquilar una vivienda.

La propuesta fue entregada formalmente por las autoridades del Consejo Directivo de la entidad al diputado provincial Héctor Rubén Eslaiman, referente del bloque legislativo provincial, con el objetivo de impulsar su pronto tratamiento parlamentario.

Alivio económico para los contratos más bajos

El núcleo del proyecto busca eximir de diversos costos de ingreso a aquellos inquilinos cuyo canon locativo mensual inicial no supere el sueldo básico de la Categoría 20 (correspondiente a una jornada de 48 horas semanales) del empleado de la Administración Pública Provincial, reglamentado por la Ley 10.430.

Según explicó Luis Colao, presidente de Martilleros BA, la meta principal es contener a un sector vulnerable de la población en un contexto socioeconómico complejo: «El proyecto tiene por finalidad aliviar, a un segmento determinado, las erogaciones que debe afrontar un inquilino al ingresar a un inmueble», señaló.

Beneficios y exenciones clave

De aprobarse la iniciativa en la Legislatura provincial, los contratos alcanzados por el Régimen de Alquiler Social contarán con los siguientes beneficios directos para los locatarios:

  • Honorarios profesionales a cargo del locador: Los honorarios de martilleros, corredores públicos e intermediarios que intervengan en la confección del contrato serán absorbidos por los propietarios, respetando las escalas arancelarias vigentes.
  • Trámites e informes gratuitos: La expedición de informes ante el Registro de la Propiedad Inmueble no representará costo alguno para el inquilino.
  • Simplificación y certificaciones sin cargo: Para tramitar la alta de servicios públicos bastará con presentar el contrato. Si las firmas son certificadas ante Juzgados de Paz o por profesionales matriculados del Colegio, los trámites serán gratuitos para el locatario.
  • Costos cero en empresas de servicios: Las compañías prestadoras de luz, gas o agua no podrán cobrar cargos por conexión, reconexión, depósitos en garantía ni cambios de titularidad.
  • Incentivos fiscales para propietarios y exención de sellos: Se prevé revisar el tope de la valuación fiscal para eximir el pago del Impuesto de Sellos. Además, se creará un régimen de incentivo y simplificación fiscal que liberará de impuestos a los propietarios que vuelquen inmuebles a este mercado, invitando a los municipios a adherir con exenciones en tasas y derechos locales.

Segmentación y responsabilidad compartida

Desde el sector inmobiliario fundamentaron la propuesta en la necesidad de aplicar criterios de segmentación para atender las distintas realidades sociales de la provincia de Buenos Aires.

«Hay un concepto que se debe incorporar, como es la segmentación, entendiendo que esta estrategia de dividir en grupos, subgrupos o regiones para asistirlos en forma selectiva implica poner una mirada mucho más justa, sobre todo en una sociedad tan vasta y compleja», remarcó Colao.

A su vez, el titular de Martilleros BA enfatizó el carácter colaborativo del proyecto, aclarando que la responsabilidad de garantizar el derecho a la vivienda sigue siendo del Estado: «Obviamente, no son los locadores ni los profesionales quienes deben suplir los déficits en materia habitacional, ya que ese es un rol indelegable del Estado, pero el esfuerzo conjunto del Estado, los propietarios y los profesionales podrá facilitar el ingreso al mercado locativo de los sectores sociales de menores ingresos», concluyó.

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