A través de un comunicado firmado de forma unánime por las autoridades de la Cámara y los presidentes de todos los bloques políticos, la institución negó haber ocultado pruebas, diferenció la causa «Chocolate» Rigau de otros expedientes y apeló a los fueros e inmunidades parlamentarias contempladas en la Constitución provincial.
En un contundente posicionamiento institucional, las autoridades y los bloques políticos que componen la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires (HCD) salieron al cruce de la denuncia presentada el pasado 25 de septiembre por el juez de Garantías Guillermo Atencio.
A través de un comunicado oficial respaldado de forma transversal por las autoridades del cuerpo y los presidentes de los bloques de Unión por la Patria, La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y otras bancadas, la Cámara remarcó que «siempre actuó ajustada a derecho y colaboró con la Justicia», negando categóricamente cualquier maniobra de ocultamiento de pruebas.
Los 5 puntos clave de la respuesta institucional
- Inexistencia de ocultamiento de pruebas:
La Cámara aclaró que la resolución que dispuso el archivo administrativo de expedientes —procedimiento previsto en el reglamento interno desde 2002— fue votada y aprobada por más de dos tercios de los legisladores el 28 de mayo de 2026. Según explicaron, esto ocurrió casi tres meses antes de que ingresara el requerimiento judicial (19 de agosto de 2026). Asimismo, recalcaron que la sesión fue pública, transmitida en vivo y registrada formalmente.
- Diferenciación entre las causas «Rigau» y «Rodríguez»:
Desde el cuerpo legislativo señalaron que existió una confusión en la opinión pública. Aclararon que los requerimientos objeto de controversia correspondían a una causa por hurto individual (causa Rodríguez, art. 162), y no al expediente principal por fraude e institución ilícita conocido como la causa de Julio «Chocolate» Rigau (causa PP-06-00-047539-23/00). Respecto a esta última, destacaron que la Cámara aportó toda la información solicitada, permitiendo que la causa avance hacia el juicio oral y con imputados privados de la libertad.
- Inviolabilidad de los votos legislativos (Art. 96 Constitución PBA):
La Cámara calificó de «inadmisible» cualquier intento de perseguir penalmente a los legisladores por las decisiones adoptadas en el recinto. Citando el artículo 96 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, recordaron que los representantes parlamentarios gozan de protección constitucional respecto de sus opiniones y votos emitidos en el ejercicio de sus funciones.
- Equilibrio institucional y división de poderes:
El comunicado enfatiza que, si bien la división de poderes exige mecanismos de control recíproco, estos «no pueden ser utilizados de manera abusiva para condicionar, limitar o inhibir el funcionamiento de otro poder». Del mismo modo, señalaron que la autonomía parlamentaria no debe usarse para la autoprotección ni para frenar investigaciones legítimas del Poder Judicial.
- Antecedentes judiciales en el ámbito legislativo:
Finalmente, las autoridades recordaron que a lo largo de la historia de la Legislatura bonaerense existen diversos antecedentes de causas judiciales que avanzaron sin impedimentos hasta llegar a sentencia firme, demostrando que el Poder Legislativo no constituye un obstáculo para el accionar de la Justicia.
Un respaldo político transversal
La declaración oficial cobra relevancia por el amplio arco político que suscribió el documento. Figuraron entre los firmantes tanto el presidente de la Cámara, Enrique Alejandro Dichiara (UP), como los vicepresidentes Alexis Guerrera (UP), Agustín Forchieri (PRO), Agustín Romo (LLA), Mariano Cascallares (UP), Blanca Alessi (Unión y Libertad) y Matías Civale (UCR + CF).
Del mismo modo, firmaron los jefes de bancada Facundo Tignanelli (Unión por la Patria), Juan Esteban Osaba (La Libertad Avanza), Alejandro Rabinovich (PRO), Diego Garciarena (UCR + Cambio Federal), María Alejandra Lordén (UCR), Martín Rozas (Unión y Libertad), Gustavo Cuervo (Nuevos Aires), José Andrés De Leo (Coalición Cívica) y Juan José Esper Zamar (Derecha Popular).
Con este documento, la Legislatura busca cerrar filas en torno a sus competencias constitucionales y marcar una postura firme frente al avance de la denuncia iniciada en el fuero penal platense.
