La seguridad en la provincia de Buenos Aires ha entrado en una fase crítica tras la confirmación de un hallazgo que la justicia ya investiga como un intento de sabotaje a gran escala. El descubrimiento de un arsenal diseñado para atacar infraestructura energética estratégica en la zona de Ezeiza ha encendido todas las alarmas en el Ministerio de Seguridad de la Nación y pone bajo la lupa la vulnerabilidad de los servicios públicos en el territorio bonaerense.
El incidente, calificado por fuentes oficiales como extremadamente grave, no fue un acto de vandalismo fortuito. Según los peritajes iniciales, se hallaron granadas y dispositivos incendiarios (bombas molotov) colocados estratégicamente sobre caños maestros de gas en una zona claramente señalizada como de alta presión.
La precisión técnica de la ubicación de los explosivos sugiere un conocimiento previo de la red de gasoductos que abastece a gran parte del Gran Buenos Aires. El objetivo parece haber sido claro: provocar una explosión en cadena que no solo habría causado víctimas fatales, sino que habría dejado sin suministro energético a cientos de miles de usuarios y fábricas en un momento de alta demanda.
El fantasma del sabotaje y la conexión con incidentes previos
Este hecho se suma a una preocupante secuencia de eventos en la región. A finales de 2025, la explosión en una planta de agroquímicos —también en el partido de Ezeiza— generó una nube tóxica y escenas de pánico. Aunque en aquel entonces se habló de accidentes operativos, el hallazgo actual de explosivos en los gasoductos obliga a los investigadores a conectar los puntos y considerar la hipótesis de una campaña de sabotaje coordinada.
Impacto político y respuesta oficial
El hallazgo de Ezeiza ha profundizado la grieta entre la gestión nacional y la provincial. Mientras que desde el Gobierno de Javier Milei se utiliza este hecho para reforzar la necesidad de declarar la emergencia en seguridad y aumentar el control federal sobre la infraestructura crítica, desde el oficialismo bonaerense se maneja la información con cautela para evitar un clima de psicosis colectiva.
Las fuerzas federales, incluyendo la PSA y Gendarmería, han reforzado la vigilancia en los nodos energéticos de la zona sur. La causa, que ya está en manos de la justicia federal, busca determinar si detrás de este arsenal existe una célula de agitación política o si se trata de bandas ligadas al crimen organizado que buscan desestabilizar la gestión mediante el terrorismo de infraestructura.
Un escenario de vulnerabilidad
La gravedad del incidente radica en que demuestra que los objetivos estratégicos de la Provincia están bajo amenaza real. El uso de armamento de este calibre para atentar contra la red de gas eleva el conflicto a un nivel inédito en los últimos años, dejando de ser un problema de delincuencia común para convertirse en un desafío de seguridad nacional.
