La explosión sucedida en el municipio de Ezeiza, pudo ser una tragedia de magnitud en términos de vidas humanas, afortunadamente no lo fue. Este tipo de eventos casi siempre tienen la misma raíz; improvisación y conducta inescrupulosa por parte las empresas responsables, que no respetan normas y procesos industriales establecidos en leyes y normas internacionales.
Por Jorge Zatloukal, dirigente Unión Liberal de San Vicente
En nuestro país, el seguro ambiental obligatorio es la garantía financiera exigible a toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas.
La Autoridad de aplicación a nivel nacional es la Dirección de Protección Ambiental en materia de implementación de la Ley 25.675 de Política Ambiental Nacional, donde están establecidas las obligaciones establecidas en el artículo 22 de la Ley General del Ambiente 25.675.
#ExplosiónEnEzeiza Nube tóxica vista desde la Ciudad de San Vicente a 25kms de distancia del incendio en #Spegazzini. Alerta en #ZonaSurGBA
Foto e info / Miguel M. Caamaño pic.twitter.com/IcbX0DhBYD— DataConurbano / NET (@DataConurbano) November 15, 2025
Debe según el marco legal «evaluar la suficiencia de garantías privadas, fijar criterios de prevención ante procesos degradantes del ambiente y de recomposición en función del riesgo; establecer prioridades respecto de la restauración de medios dañados.»
Es el área responsable de implementar un registro de garantías financieras ambientales en los términos del artículo 22 de la mencionada ley. Actualmente el producto de garantía que cubre el citado artículo es el seguro de caución ambiental de incidencia colectiva.
San Vicente como gran parte del conurbano cuentan con parques industriales y emprendimientos como la central térmica de Buquebus en Domselaar, que aunque esté alejada de la zona poblada, no deja de ser un riesgo, como ciertas actividades rurales, que por caso recientemente derivaron en una intimación por parte de la Autoridad del Agua a un tambo de la zona de Once Bocas.
La explosión de Ezeiza es una clara advertencia de la necesidad de controles en materia de seguridad y seguros, y una invitación a la ciudadanía para que se involucre en estás cuestiones.
