El Ministerio de Seguridad Nacional, por instrucción de la ministra Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal por los delitos de Sedición, Atentado al Orden Constitucional y la Vida Democrática, y Asociación Ilícita Agravada.
La presentación fue radicada ante la Justicia Federal y señala como posibles responsables de los hechos al exlíder montonero Mario Firmenich, al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y a grupos organizados que habrían promovido los disturbios con fines desestabilizadores en la marcha de los jubilados.
Además, el Ministerio ha cuestionó la decisión de la jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de casi todos los detenidos sin haber analizado la prueba ni los antecedentes penales.
Según la denuncia, los disturbios del pasado 12 de marzo en las inmediaciones del Congreso de la Nación fueron el resultado de una acción organizada que, bajo la excusa de una protesta en apoyo a jubilados, involucró a sectores de barras bravas de distintos clubes de fútbol, organizaciones gremiales y políticas.
El escrito sostiene que estos grupos, algunos de los cuales habrían recibido pagos de hasta $50.000, provocaron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, causando heridos, incendios de vehículos oficiales y daños a bienes públicos.
Además, la denuncia menciona la participación del exjefe de Montoneros, Mario Firmenich, quien desde España difundió un video instando a la movilización. También se señala la posible responsabilidad del intendente Espinoza, dado que en su municipio se concentraron parte de los manifestantes que luego se trasladaron a la Plaza de los Dos Congresos.
Consecuencias de los disturbios
Como resultado de los enfrentamientos, más de una docena de efectivos de la Policía Federal Argentina resultaron heridos, algunos con lesiones graves producto de golpes, impactos de piedras y armas de fuego. Un fotógrafo de prensa y una mujer mayor también sufrieron heridas durante los incidentes.
Entre los bienes dañados, se enumeran vehículos policiales incendiados, motocicletas destruidas y daños en el espacio público. Ante la magnitud de los hechos, el Ministerio de Seguridad pide que se investigue y se impute a los responsables bajo los delitos contemplados en los artículos 226, 229, 230, 213 bis y 210 quater del Código Penal de la Nación, enmarcados en la reciente Ley Antimafias.
Asimismo la denuncia cuestionó la decisión de la jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de casi todos los detenidos sin analizar las pruebas ni verificar sus antecedentes penales. Se señala que algunos los liberados tenían antecedentes por lesiones, tráfico de estupefacientes, tenencia de armas de fuego y robo, lo que, según el Ministerio, constituye un grave incumplimiento de las normativas procesales vigentes.
Por esta razón, la cartera que encabeza Bullrich evalúa presentar una denuncia por prevaricato y violación de los deberes de funcionario público, además de solicitar que la causa pase a la Justicia Federal.
